Aurora Galisteo / Ciudad Real

Un total de 50 juristas participan en la redacción de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para promover una 'Ley de Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas de la dictadura franquista'. El objetivo es registrar esta propuesta en el Congreso de los Diputados antes del verano. Así lo explica Miguel Angel Rodríguez, profesor de Derecho Penal Internacional de la UCLM y ponente de la ILP, que en sus 103 artículos defiende el enjuiciamiento penal “de todos los crímenes del franquismo”, el  “reconocimiento parlamentario del genocidio franquista”, y una reparación para todas las víctimas de la dictadura, entre otras cosas.

Uno de los objetivos de esta Iniciativa Legislativa Popular es tapar los agujeros que, en opinión de Miguel Ángel Rodríguez, dejó abiertos la ley de memoria histórica del 2007, o “ley de la vergüenza histórica” como ha sido denominada por las más de 80 asociaciones de víctimas de la dictadura franquista, una norma que según explica este profesor de Derecho Penal Internacional ha sido copiada de la orden del 1º de mayo de 1940 sobre exhumaciones e inhumaciones de cadáveres de los rojos promulgada por el general Francisco Franco.
De esta forma, medio centenar de juristas quieren llevar al Congreso de los Diputados la primera propuesta legislativa de esta materia que incorpore medidas juidiciales para resarcir a las víctimas de Francisco Franco. Todos ellos se han impuesto el complejo objetivo de recabar medio millón de firmas, imprescindibles para que la Cámara baja debata la admisión de una ILP.
Miguel Ángel Rodríguez, autor del primer borrador de este anteproyecto de ley y ponente del mismo, explica que la lista de juristas que respaldan la idea supera el medio centenar, entre los que destacan, entre otros, Cristina Almeida, abogada laboralista y de Derechos Humanos; Enrique Santiago, dirigente federal IU y abogado especializado en Derechos Humanos; Joan Garcés, experto internacional en Derechos Humanos, que fue abogado de la nieta de Juan Negrín y asesor de Salvador Allende; el exfiscal general del Estado, Eligio Hernández, y el exfiscal jefe de Cataluña, José María Mena.
El anteproyecto de ley tiene la finalidad específica de conseguir el enjuiciamiento penal de todos los crímenes del franquismo y para ello propone la creación de una policía juidicial que investigue los crímenes y una fiscalía especial encargada de enjuiciarlos.
“En la propuesta se contempla también el expreso reconocimiento parlamentario como genocidio de la aniquilación de los partidarios de la Segunda República española y luchadores antifascistas llevada a cabo por el franquismo, pueblo a pueblo ocupado, y con la finalidad, no sólo de ganar una guerra o hacerse con el control del Estado sino de la eliminación de la misma base biológica del republicanismo en España para siempre”, explicó Rodríguez Arias, para quien es imprescindible que todos los crímenes del franquismo sean juzgados como crímenes contra la humanidad.

La ley de amnistía
Partiendo además de esta teoría, apoyada en todo momento en el derecho penal internacional, la iniciativa establece, como paso previo, la inaplicabilidad de la ley de amnistía de 1977, por entender que vetaba cualquier proceso penal contra el régimen de Franco. A todo ello se sumaría la declaración de nulidad de los juicios franquistas, un aspecto que al final cayó de la ley de memoria histórica.
Sobre este punto, Rodríguez Arias insiste en que es necesario declarar la nulidad radical de las denominadas “sentencias” franquistas, “juicios amañados, puro teatro, para firmar miles de sentencias de muerte”, que faltan a la verdad, a la justicia, a la dignidad y a los derechos reconocidos a los asesinados y a sus familiares.
Junto a todo lo anterior, y a los mecanismos de esclarecimiento de la verdad que comportan los deberes que introduce el anteproyecto al establecer el enjuiciamiento penal de los implicados y la investigación oficial efectiva e independiente, se incluyen distintas medidas de Verdad, incluida una Comisión de la Verdad como complemento de todo lo anterior, y sin sustituir a ninguno de los mecanismos de justicia.