Domin Villarejo
Alcázar de San Juan

El presidente de la Federación de Ayuda al Toxicómano, FAPAT, Alejandro Márquez, salió al paso de las declaraciones efectuadas recientemente por los trabajadores del CITD, en las que responsabilizaban por igual, a la administración sanitaria y a FAPAT, del cierre de este servicio. En concreto, lo atribuían, “a la desidia de la administración y a la deficiente gestión económica, con el desvío de fondos hacia otros recursos gestionados por FAPAT”.
El presidente de la entidad, negó que esto haya sido así. Más bien, al contrario, de producirse el desvío de fondos, “habría sido a favor del Centro de Alcázar, que se ha mantenido abierto más tiempo del previsto”.
En este sentido, Márquez reiteró que el problema por el que se cierra, no es otro, “que la falta de pago, por parte de la Junta de Comunidades, del convenio correspondiente al año 2011, que asciende a unos 700.000 euros en el caso de Alcázar.
A pesar de todo, Márquez solo tuvo palabras de elogio y agradecimiento hacia los trabajadores, “que han cumplido con su labor de una manera ejemplar, a pesar de no cobrar sus nóminas durante varios meses” y atribuye sus declaraciones, a esta misma causa y la tensión acumulada durante los últimos meses.

Fin de actividad
Todos los centros que gestiona FAPAT, dejan de funcionar este martes. Se trata del Servicio de Asesoría Jurídica y Social, el de Asesoramiento y el de Tratamiento de Drogodependencias. Los tres servicios atendían a más de 7.000 personas, que a partir de hoy tendrán que ser derivados a otros recursos de la red asistencial de Castilla-La Mancha o, simplemente, quedarse sin la ayuda de los servicios de asesoramiento legal, para personas que están cumpliendo penas alternativas para reinsertarse sin tener que ingresar en prisión.
Para Márquez, es muy triste pensar que con el cierre de estos servicios, se perderá todo el trabajo que se ha venido realizando en los últimos 20 años, en lo que se refiere al tratamiento de drogodependencias, por parte de madres y padres de afectados, aun cuando el problema de las drogas sigue siendo uno de los más graves que tiene la sociedad, con la aparición de nuevas pautas de consumo que necesitan la investigación que se venía realizando en el CITD de Alcázar de San Juan.
El presidente de FAPAT afirmó que, “en todo momento, la actual Administración regional, ha querido contar con nuestros servicios, pero la grave situación económica por la que estamos atravesando, ha hecho que, hasta la fecha, les haya sido imposible realizar los compromisos  de pago”.
Por último, el cierre de los recursos mencionados, deja en la calle a 34 trabajadores que tendrán que iniciar acciones legales para cobrar sus nóminas atrasadas.