Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado hoy por unanimidad la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PSOE para mejorar la situación de los presos españoles en el extranjero, de los cuales 35 son castellanomanchegos.
El objetivo de la propuesta aprobada es que se garantice “el respeto de los derechos humanos” de estos ciudadanos españoles, un total de 1.328, de los que el 48 por ciento están en cárceles de Latinoamérica, el 38 en prisiones europeas y el 8 por ciento, africanas. En la iniciativa parlamentaria, se solicita al Gobierno de España que realice “las acciones oportunas” para garantizar el derecho de los españoles en cárceles extranjeras, así como su traslado “en el marco de acuerdos bilaterales”.
“Y, en caso de no existir dichos acuerdos, se realicen acuerdos diplomáticos individualizados entre España y el Estado de cumplimiento de condena para que puedan cumplir el resto de la condena en cárceles de nuestro país y, en el caso de ciudadanos castellanomanchegos, dentro de nuestra comunidad”, añade el texto.
Por otra parte, instan al Consejo de Gobierno a aprobar un protocolo de colaboración, con dotación de fondos para actuaciones asistenciales, con las entidades sin ánimo de lucro que trabajan para garantizar los derechos y la calidad de vida de las personas castellanomanchegas en situación de privación de libertad en centros penitenciarios extranjeros. Además, valoran la colaboración de las entidades estatales que desarrollan similares programas y, en especial, la del Servicio Exterior del Estado para obtener “el mejor conocimiento de las situaciones personales a que se deben atender”.
El diputado del PSOE Miguel González ha comenzado su intervención agradeciendo la presencia en la tribuna de invitados de los miembros de la Fundación +34, dedicada a ayudar a los españoles encarcelados en el extranjero, lo que también han hecho los parlamentarios del PP y Podemos.
“Hoy queremos visualizar cientos de historias anónimas de Castilla-La Mancha”, ha afirmado González, quien se ha referido, como ejemplo, a Nieves, una vecina de Tobarra (Albacete) con una “pena severísima” en una cárcel de Tailandia que no puede contactar con su familia. El parlamentario socialista ha condenado el “aislamiento” y la “crueldad” que sufren estos presos “a miles de kilómetros de sus seres queridos”.
“No podemos mirar a otro lado por patriotismo y por los derechos humanos”, ha subrayado González, quien ha querido trasladar un mensaje a estos encarcelados: “Castilla-La Mancha no olvida a sus paisanos”.
Del mismo modo, la diputada del PP Carolina Agudo ha manifestado su apoyo a aquellas familias que “viven en un sinvivir”, así como a los presos españoles en cárceles extranjeras. Con la aprobación de esta propuesta, ha señalado Agudo, quieren “aportar” todo lo que esté en sus “manos” para “que estas personas tengan garantizados sus derechos humanos y puedan cumplir sus condenas en nuestro país”.
Ha denunciado “las condiciones precarias que algunos presos están atravesando en cárceles extranjeras” y ha considerado que “impactan las imágenes, los testimonios de las familias que sufren cada día la situación de sus familiares que viven en estas situaciones y que nos enseñan que su lucha debe ser muy importante”.
Además, ha ensalzado la labor de asociaciones de “diferentes organizaciones no gubernamentales que actúan en este ámbito”, ya que “gracias a su labor, muchos presos mantienen la ilusión de seguir viviendo”.
También ha resaltado la política del Gobierno nacional “favoreciendo el traslado de compatriotas condenados con el fin de que terminen sus penas en España”.
En los últimos dos años, ha detallado, se han trasladado “a más de 450 ciudadanos” y también ha señalado que España tiene firmados tratados con 96 estados y “está trabajando para suscribir más convenios internacionales y gestionar que las entregas se hagan con la mayor celeridad posible”.
Por su parte, el portavoz de Podemos en las Cortes regionales, David Llorente, ha denunciado que los presos españoles en el extranjero, una vez detenidos, tienen que enfrentarse a la “falta de información y de una asistencia jurídica adecuada”. Ha lamentado que hay cárceles que sufren “una precaria asistencia sanitaria” que “se agrava con el hacinamiento en muchas de las prisiones” y, como ejemplo, ha señalado que la propia Administración de Perú, donde hay un mayor número de presos españoles, “reconoce el grave problema de hacinamiento que existe”.
En 2011, casi 60.000 personas cumplían condena en Perú en centros construidos para albergar a algo menos de 30.000 reclusos, ha apuntado el portavoz de Podemos. “Además, a menudo, los presos son víctimas de la extorsión, de las mafias que operan dentro de las prisiones y de situaciones de vulneración de los derechos humanos”, ha advertido y ha añadido que estos encarcelados sufren “problemas de reinserción tras la salida de la cárcel”.
