Acuerdan rebajar la pena de cárcel por recoger un paquete con coca

13/06/2012 - 21:11
El acusado entra a la Audiencia provincial / Clara Manzano

J. Y.
Ciudad Real

Abogado y fiscal acordaron pedir tres años y medio de prisión para el hombre A. G. P., acusado de un delito contra la salud pública tras ser detenido el pasado septiembre cuando salía de una oficina de Correos donde recogió unas cartas de restaurante impregnadas de cocaína.

Tanto el ministerio público como el defensor del acusado, de origen boliviano, aclararon a los medios que el acuerdo alcanzado consistó en rebajar de cuatro años y seis meses a tres y medio la petición de pena de prisión, donde lleva más de ocho meses desde su detención hace casi nueve meses.

El imputado, de madre española y con resdiencia legal en España, consiguió sólo un año de rebaja de estancia en la cárcel porque la cantidad total de cocaína aprehendida sumaba 814 gramos, con una riqueza media del 33 por ciento y un valor en el mercado de casi 16.000 euros. 

De esta manera no se celebró el juicio señalado para este miércoles en la Sección Segunda de la Audiencia provincial de Ciudad Real.

Hechos

Los hechos ocurrieron a las 13 horas del 14 de septiembre cuando A.G.P. acudió al servicio de Correos de Calzada de Calatrava para recoger, “a sabiendas de su contenido”, según el informe del Fiscal, un paquete postal procedente de Puerto Belho (Brasil) que iba remitido a su nombre. 

Minutos después, fue detenido a la salida del edificio y le fue incautado el paquete que contenía en su interior 33 cartas de menú de restaurante, cada una de ellas con dos adhesivos que forraban una lámina de cartón impregnada por la cocaína.

Su abogado defensor comentó que en realidad el imputado hizo de correo de otro compatriota que le pagó 1.000 euros por realizar el frustado servicio y que, posteriormente, “se escapó”.

A.G.P. no será extraditado porque tiene residencia legal, vive con su mujer en Calzada, localidad donde trabajaba, hasta su detención, en tareas del campo. No obstante, el fiscal pedía en su escrito que se mantuviera la medida cautelar de prisión provisional para evitar “el riesgo de fuga y la sustracción de la acción de la justicia”.