Mercedes Camacho
Ciudad Real
PREGUNTA: Uno de los sectores estratégico para Castilla-La Mancha es el del vino, y precisamente esta semana el Gobierno regional ha iniciado los trámites para derogar la actual Ley del Vino de Castilla-La Mancha. ¿Qué consecuencias cree que puede tener?
RESPUESTA: El sector del vino en este momento podemos decir que va bien, porque se está vendiendo toda la producción y se están exportando cantidades importantes, además de que el horizonte a medio plazo podíamos decir que no es de gran preocupación.
Lo que pasa es que Castilla-La Mancha sigue exportando con poco valor, es decir, los graneles siguen siendo los que marcan los volúmenes finales de venta. Por eso sigue siendo imprescindible mantener recursos para mejorar la comercialización para vender con valor, vender embotellado y productos de alta gama.
A ese objetivo respondía la Ley del Vino, que contemplaba muchas medidas. Esta ley, que la considero como una hija mía porque salió adelante en mi época de consejero de Agricultura, creó los Vinos de la Tierra, vinos de Pago… En definitiva, muchas iniciativas positivas que incluían la Fundación Tierra de Viñedos para la promoción del vino de esta tierra.
No soy conocedor de si la Fundación se ha gestionado bien, regular o mal, pero sigo creyendo que en la necesaria existencia de instituciones para mejorar la comercialización del vino de Castilla-La mancha. Y si el PP ha decidido suprimir la Fundación, debería proponer iniciativas que persigan este objetivo de promoción.
P: En esta línea que usted comenta, el PSOE redactó una proposición no de Ley para que el Gobierno de España apruebe una estrategia para favorecer el consumo de vino en el mercado nacional, así como potenciar esa comercialización de la que habla, tanto del vino como de sus derivados. ¿Por dónde debería ir esa estrategia?
R: El mercado interno está en unos niveles de altísima preocupación porque sigue descendiendo el consumo y en España tomamos menos vino que los países tradicionalmente no consumidores.
En este sentido, he propuesto en el Congreso que el Gobierno en su conjunto, no sólo el Ministerio de Agricultura, desarrolle una estrategia para recuperar ese consumo interno, lo que necesariamente pasa porque se promocione este producto desde todos sus ministerios: Hay que hacer promoción desde las edades juveniles asociando el consumo de vino a hábitos culturales propios y saludables, ligados a la dieta mediterránea.
Asimismo, también es necesaria una estrategia que facilite la utilización del productos del sector vitivinícola que aligeren el mercado como el mosto y los zumos.
Y en tercer lugar he propuesto, y quizá esta es la medida por la que tenía que haber empezado, que el Gobierno elabore una legislación ya que permita la comercialización de vino sin alcohol, con esta denominación, que ahora está prohibido.
Es necesario que se permita la producción, comercialización y consumo de vino sin alcohol, en una estrategia similar a la que desarrolla la cerveza, que compensa la disminución de consumo de la cerveza tradicional con la sin alcohol.
P: Esta semana se ha producido una buena noticia para el sector, la declaración institucional del Congreso para que el vino sea declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. ¿Por qué respaldan esta propuesta y qué efectos puede tener?
R: Nuestro objetivo fundamental con esta iniciativa es que la sociedad en su conjunto, el Gobierno y las administraciones de todos los ámbitos como las europeas, reconozcan en el vino no sólo un sector económico, que ya es muy importante, sino que el vino es algo más: forma parte del patrimonio social, cultural, tradicional e identitario de nuestro país donde, incluso, muchas regiones y zonas tienen el nombre del vino que producen.
Por ese motivo, estamos tratando de que se reconozca ese carácter superior del vino para blindarlo de posibles ataques y medidas que tienen que ver con programas de consumo de alcohol, intentos de incrementos impositivos que sobrevuelan sobre el sector.
En definitiva, queremos blindar al sector vitivinícola de posibles medidas negativas. Y para eso queremos que las administraciones reconozcan más que un sector económico en el vino.
P: Para terminar con el tema del vino, ¿qué le parece que la presidenta de Castilla-La Mancha, Mª Dolores de Cospedal, propusiera en el debate del Estado de la región crear una cumbre mundial del vino cuando en Ciudad Real ya se celebra con gran éxito FENAVIN?
R: Creo que es una broma, sinceramente. Hacer reuniones, que es lo que en definitiva es una cumbre, puede estar bien pero eso no es una estrategia en relación al principal sector económico de la región que es el vino.
No se puede limitar a la convocatoria de una cumbre su futuro, cuando además ya existe algo aún mejor en Ciudad Real con carácter bienal como es el caso de la Feria Nacional del Vino (FENAVIN). De verdad, me parece una broma, simple y llanamente.
P: Igualmente vital, y es una reivindicación histórica en Castilla-La Mancha, es el agua. Justo el Congreso acaba de aprobar la ley que centraliza competencias hidráulicas y regula aguas subterráneas. ¿Perjudica en algo a la Comunidad Autónoma?
R: Meter miedo a los agricultores con un incremento de las multas y no darles soluciones a las regularizaciones de pozos que ya habían solicitado.
Las decisiones que está tomando el PP suponen la derogación efectiva del Plan Especial del Alto Guadiana, que es vital para Castilla-La Mancha y para Ciudad Real.
Desde el PSOE lo vemos con preocupación, porque es un plan que costó mucho conseguir, y nos da pena que hayan tirado a la alcantarilla tanto trabajo de tantos años.
El PP en esta materia podríamos decir que está tomando tres medidas y las tres son negativas. La primera de ellas es dejar sin financiación al PEAG, porque no han consignado ni un solo euro en el presupuesto para este programa.
La segunda y la tercera son consecuencia de esa ley y suponen incrementar las sanciones para meter miedo a quienes no tengan su situación regularizada en este momento y fiar todas las posibilidades de legalización a la compraventa de derechos entre particulares, es decir, darle a los particulares una capacidad de regularizar situaciones que, hasta este momento, tenía la administración.
Yo espero que los agricultores de la zona alcen la voz en contra de estas medidas porque son muy negativas.
P: ¿Tienen algo positivo estas medidas aprobadas el pasado miércoles?
R: Nosotros no vemos mal que algunas competencias que afectan cuencas de varias comunidades autónomas queden residenciadas en la Administración General del Estado y que de alguna manera se impidan las iniciativas de transferencia de cuencas hidrográficas compartidas en su totalidad como era el objetivo de alguna autonomía.
Pero es lo único que cuenta con nuestro apoyo de todo lo que ha hecho hasta ahora en materia de legislación de aguas que ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy.
P: Centrémonos ahora en los Presupuestos Generales del Estado para 2013. ¿Cuál es su valoración sobre los mismos y que efectos considera que tendrán para Castilla-La Mancha?
R: Los presupuestos han sido un nuevo mazazo para nuestra región cuando parecía imposible que se pudiera recortar más.
El Partido Popular sigue recortando de una manera durísima y los PGE bajan casi un 10% con carácter general, aunque en inversiones se llega al límite de casi dejar sin dotación a este capítulo a Castilla-La Mancha y a Ciudad Real.
De hecho, si lo analizamos, vemos que el PP consigna cantidades ridículas para proyectos de inversión que son fundamentales como las carreteras, las obras hidráulicas y el ferrocarril. No suprime los proyectos, pero los deja con cantidades de 4.000 o 5.000 euros, es decir, una subvención nominal pero no de inversión.
Y eso ya lo ha hecho en dos presupuestos, por lo que no tenemos esperanza de que retome esos proyectos en el futuro. En definitiva, son unos presupuestos tremendamente negativos.
P: Usted ha denunciado que el Ministerio con mayores recortes es el de Agricultura, ¿en qué se traduce esa disminución presupuestaria?
R: En Agricultura se ha reducido el presupuesto un 25%, es decir, casi tres veces más que la media del resto de ministerios.
Yo le pregunto al Gobierno del Partido Popular que, si tan prioritarios eran los agricultores, por qué les castiga tres veces más que al resto de los ciudadanos.
Las consecuencias de esos recortes en el capítulo de Agricultura van a ser inmediatas porque no va a haber dinero para cuestiones tan importantes como la incorporación de jóvenes, la moder- nización de explotaciones, el desarrollo de programas de saneamiento ganadero y se va a reducir notablemente la cofinanciación europea para el desarrollo rural, llegando a perder España 500 millones de euros en programas de desarrollo rural.
