Según el sindicato, en los últimos años el profesorado, eje permanente del que depende todo el sistema educativo, ha sufrido una fuerte pérdida de autoridad y descrédito social. Considera que la convivencia en los centros educativos se ha ido deteriorando hasta puntos insostenibles y ya no podemos seguir tolerando que las agresiones verbales, los acosos, las intimidaciones, amenazas y agresiones físicas continuadas hacia el docente configuren nuestro paisaje educativo cotidiano.
Añade que según el informe TALLIS publicado por la OCDE, afirma que España es el país europeo “con peor clima escolar”, invirtiendo los docentes españoles más del 16% del tiempo en mantener orden en las clases, y que “uno de cada tres docentes tiene riesgo de sufrir enfermedades psicológicas”. El informe Cisneros sobre violencia escolar, señala que un 60% de los profesores reciben agresiones verbales. Recordamos, asimismo, los datos, nada esperanzadores, recabados por el servicio de ANPE el Defensor del Docente, puesto en marcha por nuestro sindicato en el 2005 para que el profesorado pudiera denunciar los casos que sufren de maltrato y desprecio.
Asegura que la Administración educativa es la última responsable de las situaciones de violencia en las aulas, que contribuyen al deterioro de la calidad y a la pérdida de la autoridad docente, y debe buscar los resortes necesarios para ayudar y hacer posible que el profesorado vaya consiguiendo los fines educativos, teniendo la obligación de velar y hacer todo lo necesario por el desarrollo de la función de estos colectivos profesionales. Y esto pasa, entre otras cosas, por reconocer al docente como Autoridad Pública.
El reconocimiento social y, por supuesto, legal del profesorado como autoridad pública en el ejercicio de su función es una reivindicación histórica de ANPE,  apareciendo en los programas electorales de las campañas del 2002 y del 2006.
En noviembre de 2008 ANPE elaboró una campaña informativa sobre el sentido del concepto de autoridad para:
* Que la legislación educativa reconozca expresamente la autoridad pública del docente en el ejercicio de su función. Esta demanda la hemos incluido entre nuestras propuestas a la nueva ley de educación de Castilla La Mancha.
* Que se garantice la asistencia jurídica y la defensa del profesor.
* Que se respete la libertad de cátedra.
* Que los claustros recuperen todas sus competencias profesionales.
Por último, ANPE exige al Gobierno regional que incluya  la condición de Autoridad Pública de los docentes de la región en la futura Ley de Educación de Castilla-La Mancha y que trabaje para recuperar el respeto y la consideración social que nunca debieron perder los profesionales de la educación, poniendo en marcha una política seria y eficaz de dignificación del profesorado.

CCOO

Por su parte, la Federación de Enseñanza de CCOO condena la agresión sufrida el pasado viernes, día 13 de noviembre, por el director de un Instituto de Ciudad Real a manos de un alumno, y se pone a disposición del centro y afectados con quien se siente solidario. Se trata de una conducta gravísima que atenta contra la dignidad y la integridad física y moral de un profesional de la educación en el ejercicio de sus funciones que debe tener una respuesta inmediata y acorde con su gravedad, tanto por parte del juzgado de menores, como por parte de la Delegación Provincial de Educación, que deberá buscar otro centro en el que escolarizar al alumno agresor, ya que su comportamiento hace imposible su permanencia en el mismo instituto.
CCOO quiere dejar claro que agresiones como ésta son un hecho excepcional, inusual en el centro afectado y en los centros de la región, sin que ello le reste un ápice de gravedad. No consideramos responsable ni ajustado a la realidad utilizar este hecho para dar una visión catastrofista de la conflictividad en los centros de nuestra región.
De las 35 actuaciones llevadas a cabo por la Asesoría Sindical para la Convivencia de Comisiones Obreras durante el curso pasado y los primeros meses de éste, ninguna de ellas ha estado relacionada con agresiones físicas al profesorado. La Asesoría Sindical para la convivencia es un servicio de asesoramiento y defensa jurídica de la Federación de Enseñanza de CCOO puesto en marcha hace más de tres años y compuesto por un abogado especializado en enseñanza, así como un especialistas en Psicología y Pedagogía y que, de manera presencial, asisten y asesoran al profesorado y a los centros, servicio que ponemos a disposición de las personas afectadas por la agresión del pasado viernes.