El director general de Política Forestal de Castilla-La Mancha, José Ignacio Nicolás, encargado de la Dirección del Medio Natural en 2005, cuando murieron once personas en un incendio en Guadalajara, ha dimitido hoy de su cargo, tras ser imputado en el auto de cierre de instrucción hecho público hoy por el Juzgado de Sigüenza sobre el incendio de la Riba de Saelices en el que se ha imputado a 19 personas más. El Gobierno de Castilla- La Mancha ya ha avisado que va a recurrir.

Así lo hizo público hoy el consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro, que valoró en nombre del Gobierno regional este auto y anunció haber aceptado la renuncia del director general de Política Forestal.

Martínez Guijarro, que volvía a recordar a los trabajadores que perdieron la vida en aquel trágico suceso, hacía un reconocimiento público a los técnicos y responsables del Servicio de Extinción de incendios “que han seguido trabajando, poniéndose al frente de la extinción de los incendios de esta región durante estos años, participando directamente en la extinción de casi 2.700 incendios”.

En este sentido, en su primera valoración, alegó su sorpresa tras conocer el contenido del auto pues, apuntó, sorprende que quien ha provocado el fuego no tenga responsabilidad y quien arriesga su vida para apagarlo, sea imputado.

También se refirió al momento de hacerlo público que, calificó, como un hecho no casual, ya que con una instrucción que ha durado casi 4 años, la jueza haya cerrado hoy el procedimiento cuando aún faltan diligencias sin resolver, apuntó.

En concreto se refirió a las tres solicitadas por la propia jueza: las alegaciones solicitadas por el ayuntamiento de la Riba de Saelices (incluso ayer concedía una ampliación del plazo de respuesta); la documental fotográfica que denegó en primera instancia la jueza y que fue aprobada por la Audiencia Provincial y la petición solicitada por el abogado de las familias sobre el avión de coordinación.

Asimismo, el titular de Agricultura y Desarrollo Rural manifestó que no se entiende que el Juzgado solicite de oficio un Informe pericial para analizar las causas del incendio y del fallecimiento de los miembros del retén y, luego, lo ignore por completo, ya que ni siquiera se menciona en el Auto.

De hecho, insistió en que el cierre de la instrucción es contrario a ese Informe de los peritos judiciales, que descarta cualquier tipo de negligencia en el operativo de extinción y en el fallecimiento de los miembros del retén, calificando el suceso como “un accidente”.

De esta forma, Martínez Guijarro reiteró que desde el Gobierno regional sorprende la imputación del delito de incendio forestal a quienes se dedican a apagar los incendios forestales y también sorprende la imputación por homicidio a personas que no estaban participando en las tareas de extinción en el momento del accidente.

En palabras del consejero, “es incomprensible que se imputen menos responsabilidades a los que directamente iniciaron el incendio que a los que fueron a apagarlo”. De hecho, valoro como desalentador “el mensaje que con este auto se lanza a la sociedad, y a las personas encargadas de las tareas de emergencia” pues, como indicó, es inadmisible que sea más reprochable ir a apagar un incendio que provocarlo.

Continuamos trabajando en la extinción

Martínez Guijarro finalizó su intervención manifestando de nuevo su apoyo y confianza en los técnicos que siguen poniéndose al frente de la extinción de incendios, “pues para la Consejería hoy no es un día diferente, seguimos trabajando en esta importante labor y que gracias al buen hacer de sus profesionales, funciona con la máxima colaboración y coordinación técnica.”

De esta forma, como responsable máximo del Servicio de Extinción, reiteró su total apoyo a todos y cada uno de los profesionales que realizaron su trabajo en el incendio de La Riba y muy especial a todas las personas y a todos los técnicos que, durante estos cuatro años, han sentido en muchos casos una persecución personal y profesional.