Domin Villarejo
Alcázar De San Juan

Tal y como se esperaba, el pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, facultó al alcalde de la ciudad, Diego Ortega, a iniciar acciones legales contra el ex–alcalde y portavoz del grupo municipal Socialista, José Fernando Sánchez Bódalo, por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencia.

En concreto, el objeto de la denuncia se refiere a la adjudicación de la obra de iluminación del Parque Alces, según el argumento del equipo de gobierno, sin presupuesto, sin licitación y, en definitiva, “a dedo”.

El acuerdo se adoptó con los votos a favor del PP y CxA, aunque en realidad fue por unanimidad, ya el grupo municipal del PSOE  abandonó la sesión plenaria. Previamente, su portavoz, José Fernando Sánchez Bódalo, había pedido la suspensión del pleno y una convocatoria del mismo para el próximo 25 de noviembre, por no ajustarse, dijo, la convocatoria de ayer a la legalidad vigente, “lo que convierte sus acuerdos en nulos al vulnerar derechos fundamentales”.

A juicio de José Fernando Sánchez Bódalo la convocatoria  “pone de manifiesto una tropelía, una intención de hacer daño, sin dar derecho a la defensa con la intención añadida de incidir en la campaña electoral, utilizando para ello, de forma partidaria, la institución municipal”.

Irregularidades
Estas irregularidades, anunció Sánchez Bódalo: “vician de nulidad los acuerdos que se adopten y el PSOE quiere que los acuerdos sean válidos para demostrar que ustedes han montado una pantomina”.

El equipo de gobierno respondió que la pantomima la estaba montando el PSOE “para desviar la atención sobre la gravedad de los hechos que se estaban tratando” en palabras del alcalde, Diego Ortega.

Tras unos momentos de tenso debate,  el grupo socialista abandonó la sala y el secretario del Ayuntamiento, Francisco Javier Peces, dio lectura al expediente instruido por la alcaldía para debatir en el pleno.

Posible delito
En el informe de alcaldía se entiende, entre otras cuestiones, “que Sánchez Bódalo, en su condición de alcalde, era plenamente consciente de lo injusto de su proceder, dada su dilatada carrera en el ejercicio de cargos públicos, la patente arbitrariedad de las resoluciones adoptadas por el mismo, así como la impartición de órdenes e instrucciones al margen de los informes de los técnicos municipales, cuando no en abierta contradicción con los mismos. Todo ello  conduce a la conclusión de que podrían darse los elementos típicos de una conducta constitutiva de un delito penal, por lo que, en la obligación del deber de promover la persecución del delito impuesta a las autoridades, ponen al pleno del Ayuntamiento en la obligación de trasladar al Juzgado de Instrucción, la correspondiente denuncia, facultando al alcalde para ello y para cuantas medidas sean necesarias en relación con este expediente”.

En su intervención, los portavoces de los grupos municipales del equipo de gobierno, Enrique Ramos del PP y Ángel Montealegre, de CxA, justificaron el acuerdo, relatando la cronología de los hechos. A saber: el 12 de marzo del 2011, se inaugura el Parque Alces y el 3 de abril, se visa el proyecto en el Colegio de Ingenieros. La obra ya estaba inaugurada y, por tanto ejecutada. El 13 de abril los técnicos emiten un informe firmado por el Ingeniero Jefe, en el que se advierte de que el proyecto ya había sido ejecutado en la remodelación del Parque. El entonces alcalde, “envía una resolución  al arquitecto municipal, ordenando un nuevo informe con lo que él, diga”. Finalmente el 25 de abril se aprobó el proyecto.