El pasado día 29 de julio, en la reunión de Mariano Rajoy con los presidentes regionales de su partido para hacer piña de cara a la consecución de la unidad en torno al control del déficit de las administraciones públicas, en este contexto, los dirigentes “populares” acordaron ofrecer a los dirigentes del PSOE la reducción del número de diputados en las cámaras autonómicas en aras de lograr este objetivo.
No era un planteamiento novedoso. La “punta de lanza” del “liberalismo popular”, la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, en su cruzada contra sindicatos, funcionarios o cargos públicos, hacía tiempo que había puesto sus miras en este territorio.
La austeridad era la justificación. Desde otros partidos políticos, con la aplicación de la actual ley electoral proporcional, han visto un intento electoralista del PP para mantener y conservar el importante poder alcanzado en las últimas elecciones autonómicas de mayo de 2011, refrendando en los comicios generales de noviembre del año pasado.
Un caso concreto que puede haber acelerado este planteamiento de recortar parlamentarios autonómicos está en las inminentes elecciones en Galicia, que pudieran ser adelantadas a este otoño.
Allí, los “populares”, igual que en Castilla-La Mancha, gobiernan por un solo diputado. La propuesta del presidente Alberto Núñez Feijóo, según han denunciado los socialistas, va en la línea de fijar el voto en las provincias donde el electorado es más favorable al PP.
En Castilla-La Mancha, la iniciativa de los barones del PP ha pillado a contramano a la número dos del partido, la secretaria general y presidenta de la comunidad autónoma, María Dolores de Cospedal.
El pasado 17 de mayo, las Cortes autonómicas ratificaban la nueva ley electoral de la región, por la que se aumentaban en cuatro los diputados regionales, pasándose de 49 a 53, con un incremento de uno en Toledo, Guadalajara, Cuenca y Ciudad Real, mientras Albacete mantenía el número de sus representantes.
El portavoz del PP en el Parlamento autonómico, Francisco Cañizares, ha declarado a Lanza que en el Gobierno castellano-manchego “no tiene ningún planteamiento” de modificar la ley electoral.
Una ley, que lo mismo que hizo el PP con la anterior de 2007, en este caso por parte de los socialistas, ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional, que dio la razón en su momento al Gobierno de José María Barreda, no descartando Cañizares que, en esta ocasión, el fallo pueda también ser favorable al texto elaborado.
Para justificar el mantenimiento del número de diputados ampliados y que se concretaría en el próximo proceso electoral de 2015, Cañizares se explica asegurando que las Cortes de Castilla-La Mancha son las que menos diputados tienen, la de mayor relación entre diputados y números de electores necesarios para lograr un acta y que son las menos costosas de toda España.
A su juicio, con estas premisas se cumplirían los requisitos marcados por la cúpula nacional del PP.
El secretario provincial del PSOE y secretario del Grupo Parlamentario Socialista, José Manuel Caballero, se aventuraba también a asegurar, antes de la propia confirmación de Cañizares, de que el PP no abordaría ninguna reforma sobre la última aprobada en mayo.
Su argumento iba más allá de la austeridad. A su juicio, la decisión del PP de dejar en número par a provincias como Albacete y Ciudad Real, las más proclives a los socialistas, y dejar en número impar Toledo, Cuenca y Guadalajara, con voto mayoritario del PP, dejaría el campo abierto a una nueva victoria “popular” en 2015.
La reducción de diputados, también de concejales, como se ha apuntado, a su vez, reduciría las posibilidades de llegar a los parlamentos, a los ayuntamientos, a partidos como IU o UPyD, que en las pasadas elecciones autonómicas y municipales y en las últimas generales han presentado una importante remontada en apoyo ciudadano.
Preguntado Cañizares sobre el hecho de que de reducirse puestos se podría pasar, de facto, de un sistema proporcional a un sistema mayoritario, el portavoz “popular” en las Cortes entiende que esto no quitaría ni un ápice al sentido democrático de la elección.
No comparte Cañizares que un grupo minoritario, con uno o dos representantes, en un momento dado, puede decidir el presidente o presidenta de una comunidad o un alcalde o alcaldesa.
Es algo que también se han intentado hacer con el último cambio de la ley electoral. “Que una provincia -dice-, no sea la que marcara la mayoría parlamentaria”, aunque el segundo partido hubiera ganado en las otras provincias.
Para Cañizares esto es un “efecto perverso”. En opinión de Caballero, otro efecto perverso, en otro matiz interpretativo, es que con la reducción de diputados o de concejales la izquierda -PSOE-IU-, más proclive a los acuerdos de gobierno, verían imposibilitado alcanzarlos en un futuro de cambiarse la norma, sobre todo en ayuntamientos.
Sería lo que pasaría en ciudades como Toledo, donde García-Page gobierna con IU, aunque también señala que, en localidades como Puertollano o Alcázar de San Juan, la mayoría socialista se asentaría, aunque ahora por el pacto de PP con Ciudadanos por Alcázar estén en la oposición en esta población.
Desde los partidos que tienen más cerca implantarse de manera más consistente en las instituciones -IU y UPyD- no se oculta la intención electoralistas por parte del PP, pero el análisis de fondo es diferente.
Para Miguel Ramírez, coordinador provincial de la coalición de izquierdas, de llevarse a cabo, supondría “una verdadera involución democrática”.
En su opinión, con estas propuestas se “sentencia el bipartidismo”, además de imponer en España unas “políticas populistas”.
Para Ramírez, en aras de esa voluntad populista, es llamativo que todos estos movimientos se hagan desde el PP.
Por su lado, Jesús Manuel Ruiz Ormeño, responsable regional de Acción Política de UPyD, la duplicidad de responsabilidades y órganos entre administración central y regionales hay que evitarlo.
Desde su organización, dice, desde su nacimiento hace cinco caños, se apuesta por simplificar la administración, pero entiende que no se puede argumentar que se hace por motivos de las crisis, que es un tema de más fondo.