La auditoría sobre la gestión que realizaron la ejecutiva que presidió Arturo Mesa y Álvaro Maldonado como secretario general durante 10 años hasta el pasado mes de octubre podría acabar en la Fiscalía en las próximas horas, según ha podido conocer este diario.
Aunque fue un mandato de la asamblea del 23 de abril, en la que dimitió la directiva presidida por Antonio Sánchez-Migallón, no se ha cumplido, y en la asamblea extraordinaria de este miércoles fue uno de los puntos que se debatió, si bien “no quedó claro” si la nueva gestora lo presentará en el Ministerio Público.
La deuda acumulada en este periodo alcanza los 6,5 millones, la mitad perteneciente a la hipoteca del edificio.
En los seis meses de la última ejecutiva “no se han acumulado gastos por dietas”, dijo el ya expresidente a este diario. Preguntado por estos términos, señaló “que hemos puesto dinero de nuestro bolsillo, pues no hemos pasado los gastos”.
















