Mercedes Camacho
Ciudad Real
El Fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Ciudad Real ha comunicado a la actual Comisión Gestora de CEOE-CEPYME de Ciudad Real la admisión a trámite de la denuncia realizada contra el anterior equipo gestor de la organización empresarial, que presidía Arturo Mesa, tras conocerse los resultados de una auditoría que se remitió a la Fiscalía el pasado mes de mayo.
Según el documento que firma Jesús Caballero, y al que ha tenido acceso LANZA, de los hechos que se pusieron en conocimiento de la Fiscalía relativos a la gestión del anterior equipo directivo, -que incluían el informe de auditoría elaborado por la asesoría Ficolsa, además de copias de los impuestos de sociedades y el informe de correcciones que diseñó la comisión económica constituída por la ejecutiva de Antonio Sánchez-Migallón-, se desprendería "la presunta comisión de infracción penal”, por lo que se han incoado diligencias de investigación preprocesales.
De esta forma, la Fiscalía comenzará a investigar la gestión realizada, además de por Mesa, por el entonces secretario, Álvaro Maldonado, así como por el tesorero, Aureliano Rodríguez, a los que apuntaba directamente el escrito que la asamblea extraordinaria de CEOE-CEPYME acordó remitir al Ministerio Público y que se registró en la Fiscalía a finales de mayo junto a diversos documentos “por si fueran constitutivos de algún tipo ilícito penal”.
En concreto, en aquel escrito se informaba de que en 2011 se encargó una auditoría a una empresa externa ante la grave crisis económica que arrastraba la organización empresarial y en la que, el 27 de diciembre de ese mismo año, los auditores concluían, entre otras cuestiones, que no se había podido obtener “evidencia suficiente de que algunas facturas justificativas de gasto concuerden con los servicios prestados” y citaba, por ejemplo, que había facturas por importe de 50.000 euros “que no están registrados contablemente”.
Descapitalización y "agujero patrimonial"
Asimismo, en dicha auditoría, en la que se hablaba de “un agujero patrimonial” que superaba los 2,5 millones de euros, también se hablaba de la detección de “prácticas contables incorrectas y que no se corresponden con los principios de contabilidad generalmente aceptados, lo que ha derivado durante anteriores ejercicios en no mostrar la imagen fiel del patrimonio de CEOE ni de sus cuentas anuales, distorsionando notablemente la cuenta de resultados de la organización, ocultando pérdidas, descapitalizándola e incrementando el endeudamiento sin correspondencia con inversión”.
Finalmente, el escrito destacaba que la situación descrita en la auditoría ha colocado a CEOE-CEPYME de Ciudad Real “en una posición económica ciertamente delicada y con grandes problemas para obtener financiación”, motivo que llevó a presentar la dimisión irrevocable de Antonio Sánchez-Migallón y todo el comité ejecutivo en una asamblea extraordinaria celebrada el pasado 23 de abril.
