Maite Guerrero
Valdepeñas

La concejala de Relaciones Vecinales y de la OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor), Manuela López, y la responsable de la OMIC en Valdepeñas, Ana Moya, pidieron ayer a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que mantenga el servicio del Centro de Colaboración de Arbitraje de Consumo en la localidad, el cual permite llevar a cabo un procedimiento rápido y sencillo de manera gratuita para las partes que permite solucionar fácilmente los problemas surgidos entre las personas consumidoras y los empresarios o prestadores de servicio.

Explicaron que la administración regional no ha pagado la subvención correspondiente a 2011 e indicaron que no ha convocado las ayudas para el 2012, “por lo que puede peligrar la prestación de este servicio”.

Manuela López recordó que el Ayuntamiento asumió en 2009 la gestión de la OMIC, que antes llevaba Manserja (Mancomunidad de Servicios del Jabalón) y así también el Centro de Colaboración de Arbitraje de Consumo del que se encarga la OMIC y que depende de la Junta a través del Instituto de Consumo de Castilla-La Mancha.

En este sentido, Ana Moya puntualizó que el servicio de Arbitraje de Consumo se lleva prestando en la localidad veinte años y que la Junta Arbitral se sitúa en Toledo. Asimismo comentó que todos estos años ha contado con la financiación de la Junta de Comunidades.

Procedimiento
Explicó que el procedimiento que se sigue es que cuando el consumidor reclama, se emite la solicitud de arbitraje y, una vez que se admite en la Junta Arbitral, se designa al Centro Colaborador más cercano al domicilio del consumidor.

Se designa a un Órgano Arbitral compuesto por un presidente, un secretario y los vocales. Se cita a las partes a una audiencia, se ve si hay que hacer un peritaje y después se emite el laudo (procedimiento que finaliza con una resolución dictada por el órgano arbitral sin necesidad de acudir a los Tribunales, que obliga al cumplimiento a consumidor y empresario ya que tiene el mismo valor que una sentencia judicial). El laudo suele resolverse en tres o cuatro meses, normalmente.

Moya señaló que primero hay un acto de conciliación para ver si se llega al acuerdo y que sino, se dicta el laudo.

La concejala de Relaciones Vecinales y de la OMIC manifestó que el servicio está sufriendo las restricciones económicas de la Junta. “Existe una resolución con fecha de mayo de 2011 que dice que la subvención de ese año estaba concedida y que debía pagarse en ese año. A fecha de hoy, no la hemos cobrado y la convocatoria de 2012 no ha sido comunicada”.
López aseguró que el Centro de Colaboración de Arbitraje de Consumo es muy necesario y que se trata de un derecho más del consumidor. “Evita trámites innecesarios y es más cercano para la persona afectada”.