LA IRRACIONALIDAD DE LA POLÍTICA
El 30 de diciembre de 2011 el Gobierno tomaba la decisión de construir el Almacén temporal de Residuos (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) y la decisión n se publicaba en el Boletín Oficial del Estado en enero del año siguiente. En febrero de ese año se publicaba el Pliego de Condiciones para los estudios geológicos de la zona, Ello quiere decir que la decisión de construir el ATC en esa localización se adopta sin los conocimientos necesarios de la geología del terreno. Es decir cuando se presenta esta opción como posible y la presidenta Maria Dolores Cospedal nos lo explica a los castellano manchegos como la lotería que nos acaba de tocar no tiene la información suficiente para hablar de la idoneidad del suelo donde se quiere construir.
En Julio de ese año (2012) el ministro de Industria y la presidenta de Castilla-La Mancha visitan el lugar con una de esas fotografías estúpidas en las que aparecen hasta diez personas posando ante un terreno vacío con corbatas y chaquetas quitadas, suponemos que por la buena temperatura del lugar en esas fechas. El 30 de julio de ese año ENRESA compra los terrenos situados en el paraje denominado La Campana. En septiembre se firma un convenio para la mejora de las carreteras de acceso a la zona y otro convenio pocos meses después para la creación de un vivero de empresas y un laboratorio. Son las maravillas que van a ir llegando al lugar como consecuencia del proyecto del ATC.
En marzo de 2013 se adjudican diferentes proyectos de ingeniería para la construcción del ATC y en julio de ese año se emiten los informes de impacto ambiental del edificio de Laboratorio y vivero de empresas cuyas obras se adjudican en enero del 2014. Diferentes estudios posteriores han ido cuestionando las condiciones geológicas del lugar advirtiendo de los problemas que ello puede tener y del encarecimiento que supone para el edificio. En base a ello faltan también los informes del Consejo de Seguridad Nuclear referentes al emplazamiento y referentes a la construcción.
Resulta sorprendente que a estas alturas no tengamos la información necesaria sobre las condiciones geológicas del terreno como denuncia el Colegio de Geólogos. En base a qué y con qué condicionantes se convoca el concurso ahora detenido en parte. Porque las condiciones que se conocen del suelo obligarían a sobrecostes que pueden suponer entre un 20 y un 40% del valor del proyecto. No indica eso claramente que el lugar está equivocado? Porque el concurso para la obra civil está convocado y las ofertas de las ocho empresas están ya presentadas. ¿Cómo han presentado sus ofertas técnicas y económicas sin conocer los condicionantes que el informe del Consejo de Seguridad Nuclear va a poner? El procedimiento parece de todo menos lógico y esa flata de congruencia nos puede costar muy caro a todos los contribuyentes demostrando probablemente que el emplazamiento no es el idóneo.
En este caso las urgencias de la presidenta Cospedal por adjudicarnos este magnífico regalo a los castellano manchegos se convierten en toda una muestra de la irracionalidad de su gestión política unida a una torpe gestión del proceso que lleva cuatro años sin conocer las informaciones previas necesarias. La política puede y debe adoptar decisiones que corresponden al ámbito del bienestar de los ciudadanos. Pero debe hacerlo con el respeto a las elementales normas de la razón. Si además de ser un proyecto medio ambientalmente nada deseable resulta que el lugar elegido supone un encarecimiento notable de las obras es que estamos en un ejercicio de la irracionalidad de la política llevado a sus últimas consecuencias.
