El ejercicio de la actividad pública, financiada con fondos comunes, requiere algunas consideraciones sencillas que la realidad demuestra que se incumplen con frecuencia en numerosos ámbitos. Suponiendo una situación de legalidad y honradez en aquellos que trabajan en lo público, lo cual aunque parezca raro, es lo habitual en muchos de los que desarrollan su actividad en los diferentes ámbitos de la administración local, autonómica o nacional o de los partidos políticos, es bueno hacer algunas reflexiones sobre ello:
1. Aquellos que desempeñan una responsabilidad pública encomendada democráticamente por los ciudadanos deben tener una retribución digna y suficiente que les permita vivir adecuadamente y dedicarse de manera plena y total a la función que deben desempeñar. Un alcalde, un diputado regional o nacional debe poder vivir de la retribución que recibe porque los ciudadanos les exigimos que se dediquen plenamente a esa actividad de administración de lo común para la cual han sido elegidas. Una responsabilidad que les pide dedicación, conocimiento y esfuerzo para administrar lo público de manera honrada, eficaz y con criterios políticos honestos.
2. Pero junto a ello les exigimos una dedicación total y plena a ese trabajo para el que se necesitan esfuerzos y dedicación a tiempo completo. Un alcalde de una ciudad de más de 10.000 habitantes, un diputado regional o nacional, un alto cargo de la administración regional o nacional debe dedicarse en exclusiva a su trabajo para lo cual está recibiendo una retribución que procede de la aportación de todos. Es un trabajador de la comunidad que recibe fondos que proceden de nuestras aportaciones a través de los impuestos.
Y por ello podemos exigirle dedicación plena y exclusividad en ese trabajo. Las pretendidas soluciones de compatibilizar trabajos personales con el ejercicio de la actividad pública están suprimidas para todos los funcionarios con un control establecido en la Ley de Incompatibilidades que debería ser mucho más estricto y severo para aquellos que ejercen la actividad pública en cargos electos.
Las compatibilidades reales o las influencias que se producen desde el poder, en los diferentes ámbitos, son malas consejeras para asegurar la imparcialidad y la defensa de los intereses generales que les pedimos a los que ejercen su actividad en la política.
3. Esta incompatibilidad se entiende en el caso de los funcionarios para la percepción de retribuciones que proceden de la administración para la que trabajan o, en general, de otra administración pública. Pues bien, los partidos políticos son estructuras que reciben una financiación razonable y lógica para su funcionamiento, de los fondos públicos. La estructura de los partidos funciona con una subvención pública en más del 90% de sus recursos.
Resulta por ello sorprendente que el Presidente del Gobierno que reclama austeridad y anuncia un recorte en su sueldo como Presidente, de cara a la galería, con una administración con sueldos congelados y extraordinarias suprimidas, reciba por otro camino unas retribuciones que superan con creces su sueldo como Presidente. Porque ese dinero procede de los fondos públicos también. ¿No sería más lógico que de forma clara y trasparente el Presidente tuviera una retribución todo lo digna que se estime necesaria pero a la vez incompatible con otras percepciones? No es posible que la Presidenta de Castilla-La Mancha esté predicando austeridad en su comunidad y luego en su partido reciba, legalmente supongamos, unas retribuciones que finalmente dupliquen su sueldo. ¿No deberíamos exigirle que con su sueldo, como presidenta de la comunidad, tenga una dedicación plena y exclusiva a la misma?
4. Las noticias aparecidas en estos últimos meses nos dan informaciones que nos dejan sorprendidos de forma preocupante respecto de nuestros políticos. Un cargo de un partido político, financiado con fondos públicos, se adjudica, supongamos que legalmente, una retribución de 240.000 euros anuales. Y el Ministro de Economía está haciendo propuestas de austeridad para los alcaldes elegidos democráticamente o en Castilla-La Mancha se suprimen las retribuciones a los diputados. Es indecente e inmoral que el tesorero del Partido Popular pueda haber estado recibiendo esas retribuciones durante décadas.
Porque, insisto, la financiación de los partidos políticos tiene un componente público esencial. Una financiación que debe garantizar su correcto funcionamiento, las actividades de presentación de sus propuestas, sus trabajos de proximidad con los ciudadanos, la actividad administrativa que deben desarrollar y todo lo que implica su organización. Pero si la financiación de un partido permite que uno de sus miembros, por citar un ejemplo que parece ser aplicable a más de ellos, permite esas retribuciones es que ese partido administra de forma inadecuada sus presupuestos o es que estamos financiando de forma excesiva, desde los fondos comunes, esa actividad.
El ejercicio de la actividad pública debe estar acompañado de una dignidad en las retribuciones que permita que los representantes de la comunidad, defensores de los intereses generales puedan hacerlo en condiciones adecuadas. Pero debe hacerse en condiciones de austeridad que se exigen al que administra lo común. Y sobre todo en condiciones de una absoluta trasparencia porque sólo el rubor público de reconocer que se están cobrando más de dos veces la anualidad de muchos trabajadores, cada mes, puede hacer que no se produzcan excesos como algunos que estamos conociendo últimamente. Eso, insisto, en una ingenua suposición de legalidad. La economía española necesita altas dosis de crecimiento para generar empleo y la credibilidad de los políticos, unas buenas dosis de austeridad que hagan creíble su dedicación a lo público.
