La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha aseverado que, de cara a la siguiente legislatura, lo que quiere es que el Gobierno regional esté conformado por un PSOE que “desde luego, no tenga que lidiar con ningún otro partido para gobernar, sino que sea por mayoría absoluta”.
Así se ha pronunciado Sánchez en una entrevista con Europa Press respecto al Gobierno en coalición que forma el PSOE con Podemos desde este verano y que ha generado la una creación de una nueva Consejería –encargada de gestionar el Plan de Garantías Ciudadanas–, sobre la que afirma tener una relación “totalmente cordial y fluida” con su titular, Inmaculada Herranz.
“Lo que deseo es que en la próxima legislatura el PSOE tenga mayoría absoluta y el Gobierno regional pueda tener una tranquilidad mucho mayor, ese sería el objetivo”, ha remarcado Sánchez.
En este sentido, ha afirmado que el Ejecutivo liderado por Emiliano García-Page quiere, cuando termine la legislatura, “mostrar a todos los ciudadanos que ha cumplido con los objetivos y que, además, lo que tiene pensado es hacerlo todavía mejor si cabe”.
“Los ciudadanos de Castilla-La Mancha han querido que las Cortes estén compuestas por tres grupos políticos y, para poder aprobar los presupuestos, ha sido necesario un acuerdo con Podemos que ha supuesto su incorporación al Gobierno. Creo que hay que ver los positivo, ese acuerdo da estabilidad a la región”, ha subrayado la consejera.
Además, Sánchez ha defendido la utilidad del Plan de Garantías Ciudadanas, el cual presenta “avances importantes” para el año 2018. “Es un pasaje de protección que pueden tener las familias. La Consejería encargada de este plan trabaja de forma trasversal con la de Empleo, Bienestar Social, Educación y Sanidad fundamentalmente”.
Ayuda contra la pobreza energética
Una de las materias que se ha incluido en la gestión de esta nueva Consejería es el Plan de Pobreza Energética, que en 2018 volverá a ser gestionado por Cruz Roja con un millón de euros y sobre el que Sánchez considera que se trata de una iniciativa que está funcionando “muy bien” ya que desde que se puso en marcha en 2015 ha llegado a “casi 50.000 personas, entre ellas 23.370 menores de 16 años”.
“En total, se han concedido 13.676 ayudas económicas, se han hecho 766 paralizaciones de cortes de suministro y 106 reposiciones inmediatas del servicio”, ha destacado la consejera, que ha puntualizado que, por el momento, en el año 2017 las ayudas concedidas son 5.184, la paralización de cortes de suministro alcanza los 417 y se han hecho 46 reposiciones del servicio.
Bono social
En esta línea, preguntada por el Bono Social aprobado por Real Decreto el pasado mes de octubre por el Gobierno de España, por el que diversos ayuntamientos y comunidades autónomas han mostrado su rechazo y ha llegado a ser recurrido ante Tribunal Supremo –el último el Ayuntamiento de Barcelona–, la consejera ha aseverado que le parece “mal cómo se ha planteado, sin contar con los ayuntamientos ni con las comunidades autónomas”.
“Para que no se corte el suministro –con este Bono Social– la comunidad autónoma tiene que pagar el 50 por ciento de la factura pendiente. Eso aquí no lo hacemos, nosotros hemos firmado un convenio para que en invierno no se le corte el suministro a ninguna familia”, ha recordado Sánchez, que afirma con rotundidad que el Plan Contra la Pobreza Energética del Gobierno regional es “mucho más garantista”.
Estas ayudas, ha remarcado, son, por el momento, compatibles para las familias que padezcan este tipo de pobreza energética, una situación que ha sido incluida en el Plan de Garantías Ciudadanas puesto en marcha con la entrada de Podemos en el Gobierno regional y que también se gestiona a través de la Consejería encargada de regular esta plan.
Más cooperación al desarrollo
Respecto a otra de las materias que gestiona su Consejería, Sánchez se ha comprometido a que cada año el incremento que registre el presupuesto destinado a Cooperación al Desarrollo por el Gobierno regional sea “superior al incremento en el presupuesto” de la Consejería de la que es titular.
“Seguro que las ONG quieren más, y es legítimo. Ojalá pudiera ser, pero por lo menos el objetivo mínimo es que este presupuesto se incremente –porcentualmente– más que el de la Consejería”. En este sentido, ha recalcado que en las cuentas de 2018 esta partida sube un 4,07, con una aportación 100.000 euros superior a la del año anterior para alcanzar un total de 2,5 millones de euros en 2018, mientras que el de Bienestar Social lo hace en un 3,1 por ciento.
Asimismo, ha recordado que en el primer presupuesto del Gobierno de Emiliano García-Page en esta legislatura tuvo un incremento del “172 por ciento” respecto a la legislatura anterior. “De la nada a muchos millones”, presume Sánchez, que puntualiza que estas partidas sirvieron para ayudar a países de Latinoamérica o África en cuestiones referidas al acceso al agua, a la construcción de escuelas o ayudas a los menores.
