El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Gobierno autonómico, Francisco Martínez Arroyo, ha explicado a Europa Press que desde su departamento ya se está trabajando en el impulso de un decálogo que “deberán firmar todos” los colectivos afectados –regantes, asociaciones agrarias, cooperativas, empresarios y sindicatos– que sirva como punto de partida de las reivindicaciones castellano-manchegas a nivel nacional.
“Será un decálogo que defienda los intereses de los ciudadanos de la región en esta cuestión y que además planteará soluciones. Y una de ellas pasa por dejar de considerar al agua como un bien con el que se pueda mercadear, que es lo que hace el Gobierno central”, ha detallado.
La apuesta de Castilla-La Mancha pasa por valorar el agua “como un bien público del que todos se pueden beneficiar, pero haciéndolo compatible con el desarrollo económico y con su conservación”.
La intención es para Martínez Arroyo “mandar un mensaje de que en Castilla-La Mancha todos van juntos en la defensa de sus intereses”, de manera que se verá con “más fuerza para negociar, pero siempre con la mano tendida”.
En todo caso, ha asegurado que compatibilizarán la defensa del agua en la región con “ser la región líder en solidaridad”.
El titular castellano-manchego de Agricultura ha indicado que esta posición regional quiere “llegar al máximo número de interlocutores posible”.
“Queremos llegar a todo el conjunto de la sociedad y defender nuestra posición desde la unidad. Seremos capaces si renunciamos a intereses partidistas”, ha dicho Martínez Arroyo, añadiendo que el acuerdo a nivel nacional implica “pedir al Ministerio que trabaje de verdad para solucionar este reto político de primer nivel”.
“Soluciones desde las perscpectivas sociales”
El consejero de Agricultura del Gobierno de Castilla-La Mancha ha abundado en que, tras “40 años de democracia sin resolver esta cuestión”, la coyuntura actual favorece buscar una solución “desde la perspectiva social” a través de “un pacto social por el agua que sirva para generar riqueza y redistribuirla”.
Para ello, las soluciones tienen que pasar por “más inversión en infraestructuras”, teniendo en cuenta que Castilla-La Mancha, según ha dicho, no es el territorio que más fondos recibe para ello.
En estos momentos de sequía, es importante para el consejero “garantizar primero el consumo humano y doméstico”, para lo cual hay que potenciar las infraestructuras destinadas a ello.
Como segundo punto, habría que valorar el acceso al agua de los agricultores, “pero sin discriminar a agricultores según su zona”. “Es necesario dar a todos el mismo acceso al agua. No como en el Júcar, donde hay cánones más altos a regantes de Castilla-La Mancha con respecto a otros”.
Martínez Arroyo ha puesto el acento en que “no puede ser que cuando se hable de planes para combatir la sequía del Júcar, no se tenga en cuenca a Castilla-La Mancha cuando el 75% de su recorrido pasa por su territorio”.
Por ello, “la región tiene que estar presente en la toma de decisiones, y lógicamente se tiene que beneficiar de las infraestructuras que se impulsen para combatir la sequía”.
“De los 30 millones comprometidos por el Gobierno central para hacer inversiones en el Júcar y el Segura, a Castilla-La Mancha no va ni un sólo céntimo. No se trata igual a los regantes de la región que a los de otras regiones”, ha lamentado.
