El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el límite de gasto no financiero para los presupuestos del 2018, que asciende a 6.159 millones de euros en términos de contabilidad nacional, un 3,15% más respecto al del 2017, incremento que se traduce en el aumento de 188,2 millones de euros de más “para distribuir en diferentes políticas de gasto”.
Así lo ha explicado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, en la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de esta semana y en la que ha defendido que ha remitido este acuerdo a las Cortes regionales para que se pueda incluir en el orden del día del pleno del próximo 31 de agosto para su votación, junto a la Ley de Presupuestos de este 2017 y la Ley en Materia de Gestión y Organización de la Administración y otras Medidas Administrativas, ha añadido.
Dicho esto, el titular regional de Hacienda, tras defender que Castilla-La Mancha ha vuelto a la estabilidad presupuestaria, ha señalado que el Ejecutivo autonómico está dando pasos para que el 1 de octubre los presupuestos para el próximo 2018 estén presentados en el Parlamento regional, al objeto de iniciar su debate y tramitación y que entren en vigor el 1 de enero.
Criterios de prudencia
El consejero, que ha indicado que el límite de gasto no financiero, excluidos los fondos finalistas, tendrá que ser tenido en cuenta a la hora de elaborar los presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2018, ha explicado que esos 6.159 millones de euros son resultado de sumar la cifra de ingresos propios no financieros que se prevé obtener, sin tener en cuenta los ingresos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras administraciones públicas, y el déficit autorizado a la región en términos de contabilidad nacional.
Por un lado, los ingresos propios no financieros están constituidos, fundamentalmente, por los ingresos correspondientes al actual sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y que resultan de las entregas a cuentas de 2018 más la liquidación del año 2016.
Ruiz Molina ha indicado que, en base al informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública, las entregas a cuenta de 2018 y la previsión de liquidación del ejercicio 2016 para Castilla-La Mancha ascienden a 4.974,6 millones de euros, lo que supone el 85 por ciento de los ingresos propios no financieros.
El 15 por ciento restante de los ingresos propios previstos se han estimado en 875,4 millones, una cifra que está integrada por los tributos propios, tasas y precios públicos gestionados directamente por la Junta de Comunidades, a los que hay que añadir los ingresos patrimoniales, la enajenación de inversiones reales, los fondos comunitarios y otras transferencias de carácter no finalista. “Su previsión se ha realizado siguiendo un criterio de prudencia”, ha reiterado en varias ocasiones el titular de las finanzas castellano-manchegas.
Por lo tanto, los ingresos propios no financieros para 2018 ascienden a un total de 5.849,9 millones de euros, un 4,1 por ciento más que el año pasado, y representan el 94,9 por ciento del total del límite de gasto no financiero.
En segundo lugar, el límite de gasto no financiero está constituido por el déficit autorizado para el próximo ejercicio y que, según se fijó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado mes de julio, es del 0,4 por ciento del PIB regional para las comunidades autónomas, ha recordado.
Así, el déficit en términos de contabilidad nacional para 2018 será de 309,9 millones de euros, lo que supone una reducción del 12,6 por ciento con respecto al año pasado, representando, consecuentemente, esta magnitud el 5,1 por ciento de la cuantía total del techo de gasto para el próximo ejercicio.
Durante su intervención, Ruiz Molina ha subrayado que la fijación de la cuantía a la que ascenderá el límite de gasto no financiero para 2018, conocido como techo de gasto, es una exigencia de la Ley de Estabilidad Presupuestaria Sostenibilidad Financiera de la Junta de 2012, que establece que el Consejo de Gobierno lo aprobará para el presupuesto de la Junta de Comunidades del próximo año, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
