El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha asegurado que el actual modelo de financiación ha supuesto una merma de recursos para Castilla-La Mancha de 8.000 millones de euros desde su puesta en marcha en el año 2009, ya que ha significado una infrafinanciación para la Comunidad Autónoma de aproximadamente 1.100 millones de euros al año.
Ruiz Molina ha presentado este jueves el informe ‘Insuficiencia de recursos de Castilla-La Mancha con el actual sistema de financiación autonómica’, que ha sido elaborado con datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), del que se desprende que la Comunidad Autónoma tiene una insuficiencia de financiación del 3,5% del PIB regional para alcanzar el gasto medio por habitante del conjunto de las comunidades autónomas en los servicios que son de su competencia, tales como la sanidad o la educación.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha detallado que, en este informe, se ha utilizado como dato el gasto no financiero real –excluyendo las competencias que no son comunes a todas las comunidades– entre los años 2012 y 2015, determinado que este gasto fue de 7.405 millones de euros en 2012, 6.381 millones en 2013, 6.072 millones en 2014 y 6.433 millones en 2015.
A continuación, ha desgranado el gasto no financiero por nivelación total –gasto en que debería haber incurrido la región para alcanzar el nivel medio por habitante del conjunto de comunidades–, explicando que este gasto debería haber sido de 8.368 millones en 2012, 6.953 millones en 2013, 6.868 millones en 2014 y 7.236 millones en 2015. Sin embargo, si este gasto de nivelación se ajusta al objetivo de déficit, se reduciría a 7.804 millones en 2012, 6.487 en 2013, 6.511 en 2014 y 6.977 en 2015.
De esta manera, el informe arroja que la infrafinanciación en la Comunidad Autónoma fue de 892 millones de euros en el año 2012, 860 millones en 2013, 1.114 millones en 2014 y 1.149 millones en 2015.
REESTRUCTURAR LA DEUDA POR LA MERMA DE RECURSOS
Por todos estos datos, el consejero ha considerado que se deberían poner en marcha mecanismos “que permitan compensar a la región” por esta merma de recursos, que ha definido como “una deuda histórica por el mal funcionamiento del modelo en la región”.
Entre estos mecanismos, ha destacado que el Gobierno de España podría reconocer esta deuda histórica o bien llevar a cabo “una reestructuración de la deuda viva”, que en Castilla-La Mancha alcanza los 14.000 millones, además de “alargar los plazos de amortización a unos 40 años” de esta deuda para convertirla en “deuda perpetua”.
Ruiz Molina ha señalado que desde su Consejería se han mantenido conversaciones “de carácter informal” con el Ministerio de Hacienda para explicar estas posibilidades que, según ha dicho, son “bien acogidas” por el ministro del ramo, Cristóbal Montoro.
NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN
El consejero ha afirmado también que, de cara a la negociación de un nuevo modelo de financiación, Castilla-La Mancha reclamará medidas al Gobierno de España como que el 100% del dinero se distribuya a las comunidades autónomas de acuerdo a un criterio de “población ajustada” y que el Ejecutivo nacional ponga sobre la mesa 17.000 millones de euros más para “suplir las insuficiencias que el actual modelo ha puesto de manifiesto”.
Con respecto al criterio de población ajustada, Juan Alfonso Ruiz Molina ha explicado el actual modelo de financiación sólo distribuye el 75% de los fondos a través del mismo, lo que hace que los recursos no se distribuyan “en función de las necesidades y los costes de prestación de los servicios” y que no se refleje el “mayor coste” que tienen servicios como la sanidad o la educación en regiones como la castellano-manchega por aspectos como la mayor superficie de la región, la dispersión geográfica o la mayor presencia de personas de avanzada edad en el territorio.
En este sentido, ha comentado las diferencias que existen incluso dentro de la región entre las zonas con mayor y menor concentración de población, poniendo como ejemplo que la asistencia en el centro de salud de Molina de Aragón (Guadalajara) cuesta 552 euros por tarjeta sanitaria mientras que en el centro Guadalajara Sur, dentro de la propia capital, es de 135 euros por tarjeta sanitaria. Asimismo, en cuanto a la educación, ha apuntado que en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) ‘Parque de la Muñeca’, de Guadalajara, el coste por alumno es de 2.691 euros, mientras que en el Colegio Rural ‘Serranía de Atienza’ el coste es de 6.185 euros.
Por todo ello, el Gobierno castellano-manchego no sólo reclamará que los recursos se distribuyan en su totalidad a través de la población ajustada, sino que este criterio se cambie para que “refleje adecuadamente el coste de la prestación”, algo que, según el consejero, se haría “ponderando más la superficie, la dispersión de población, la edad y el problema de despoblamiento”.
Asimismo y de forma complementaria, el Ejecutivo regional defenderá que el próximo modelo de financiación autonómica contemple una “armonización fiscal” en el conjunto de las comunidades autónomas en la utilización de determinadas medidas tributarias para evitar que haya “competencia desleal” entre las mismas. A este respecto, ha apostado por que existan unos mínimos de los que las comunidades autónomas no puedan bajar en estas medidas tributarias.
