El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes el Proyecto de Ley de Protección y Apoyo para personas con discapacidad, al que se destinarán 5 millones de euros durante 2018 y a la que podrán acceder un total de 35.716 personas de la región.
Esta ley tendrá como principal novedad el objetivo de convertirse en un instrumento para que las personas con discapacidad “retrasen el proceso civil de incapacitación” en la toma de sus propias decisiones.
La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, que ha informado este martes en rueda de prensa sobre la aprobación de este proyecto junto al presidente regional, Emiliano García-Page, ha apuntado que a esta ley podrán acceder las 35.716 personas con discapacidad que tienen limitada su autonomía para la toma de decisiones, que suponen aproximadamente el 25 por ciento del total de 140.823 personas de la región con una discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
Sánchez también ha manifestado que los 5 millones que se destinarán en 2018 se emplearán en acciones como crear las unidades de orientación y apoyo o el establecimiento de más de 400 plazas residenciales, en centros de día o en atención temprana, entre otras.
La consejera ha destacado que la ley permitirá a las personas con discapacidad que presenten una limitación en su autonomía “configurar de forma dinámica los apoyos que pueda necesitar a lo largo de su vida”.
En este sentido, ha explicado que esta configuración se llevará a cabo mediante los planes personales de futuro, un instrumento que permitirá que estas personas puedan plasmar “sus preferencias y las de su familia” para que se lleven a cabo cuando las personas con discapacidad no se encuentren capacitadas para tomar decisiones y no tengan familiares que puedan apoyarles. En este sentido, también ha puesto en valor la inclusión en la ley de la figura del mediador.
La responsable regional de Bienestar Social ha detallado que la ley tiene dos objetivos, garantizar un sistema de apoyo para cada persona y hacer lo propio con el apoyo residencial para las personas con discapacidad.
Con respecto al primero de estos objetivos, ha reiterado que es los planes de futuro contarán con unidades de orientación y apoyo, que estarán conformadas por los agentes mediadores. Además, existirá un registro en el que se incluirán los planes de futuro.
Por su parte, en lo tocante al segundo objetivo, Aurelia Sánchez ha puesto de relevancia que la ley garantizará que cuando las personas con discapacidad no tengan la facultad de tomar decisiones y no tengan apoyos familiares, tendrán preferencia en el acceso a la red residencial de Castilla-La Mancha.
Page da por hecho que habrá consenso
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha tomado la palabra en la rueda de prensa para defender la implantación de una ley como ésta “dentro de la maraña legal” de normativa al respecto, tras lo que ha agradecido al equipo de Aurelia Sánchez el trabajo para conformar el texto, para lo cual ha sido necesaria una “gran creatividad jurídica”.
Ha considerado que es una ley que “tiene que hacer sentir a los castellano-manchegos orgullosos”. “¿Quién ha dicho que las leyes tienen que ser frías o sin espíritu? No sólo va a contar con consenso político, el cual doy por hecho. Y doy por hecho el consenso social que habrá en España”, ha indicado.
García-Page ha recordado cómo también fue un Gobierno socialista en Castilla-La Mancha quien impulsó por primera vez en España una ley sobre Violencia de Género.
“Esta ley es un salto cualitativo a la Ley de Dependencia. Es una ley de la que nos hacen sentirnos un país potencia moral”, ha dicho García-Page, antes de hacer una referencia velada a Estados Unidos, “quien ostenta el 40% del gasto militar a nivel mundial”.
Lucha por hacerlo “constitucional”
Además, Emiliano García-Page ha comprometido su apoyo a impulsar, toda vez que se abra la discusión sobre una reforma constitucional, la posibilidad de que este nuevo derecho que nacerá en virtud de esta ley se recoja en la nueva Carta Magna para hacerlo una realidad también a nivel nacional.
El líder del Ejecutivo castellano-manchego ha insistido en lo “pionero” de esta ley, sólo semejante a normativas de países como Canadá o Suecia. En su opinión, “Castilla-La Mancha vuelve a poner encima de la mesa un avance en derechos”.
Esta ley, según García-Page, “le dirá claramente a padres, madres o familiares con personas con dependencia a su cargo que pueden vivir tranquilos”.
“Va a ser un derecho exigible ante los jueces que se atienda a estas personas. Sin excusa presupuestaria. Se podrá atender a unas 36.000 personas susceptibles de contar con este nuevo derecho”, ha explicado, añadiendo que “no habrá ningún Gobierno, ni siquiera los que tienen tentaciones de recortar, que pueda tocar esta ley”.
Para el presidente de Castilla-La Mancha, la intención inicial “se ha mejorado mucho” con este Proyecto de Ley tras el trabajo de la Consejería de Bienestar Social.
