Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado una propuesta de resolución, presentada por el PP y que ha recibido la abstención de Podemos, en la que se insta al Gobierno regional a firmar inmediatamente los convenios sociales con los ayuntamientos y garantizar una financiación “estable y suficiente”.
Esta propuesta de resolución, que se ha presentado tras la celebración de un debate general propuesto por el PP relativo a la política general de la Junta con respecto a las prestaciones de bienestar social gestionadas por los ayuntamientos, ha sido votada en contra por los quince diputados socialistas, ha recibido el voto a favor del PP y la abstención de los dos parlamentarios de Podemos, lo que ha permitido su aprobación.
La consejera de Bienestar Social de la Junta, Aurelia Sánchez, ha afirmado que ella “podría decir con naturalidad que al día siguiente de que se aprueben los presupuestos de 2017” se firmarán esos convenios con los ayuntamientos con los que aún no se ha hecho, “como un compromiso firme”.
En cualquier caso, ha asegurado que “en estos momentos, los compromisos” adquiridos con los ayuntamientos se van a mantener, si bien ha advertido de la necesidad de que se aprueben las cuentas autonómicas para este año, para poder financiar algunos servicios puestos en marcha a mediados de 2016, como el aumento del Ingreso Mínimo de Solidaridad.
Asimismo, ha resaltado que la Consejería que dirige ha aprobado un plan de concertación de los servicios sociales con los ayuntamientos, que “quiere hacer más ágil, más fácil y mejor toda la concertación de la región con las corporaciones locales”, que engloba el Plan Concertado, el Plan Regional de Integración Social (PRIS), el Plan Local de Integración Social (PLIS) y la ayuda a domicilio. Sánchez ha explicado que la finalidad de este plan es firmar todos estos servicios en un solo convenio y cada año poder ir haciendo adendas al convenio.
De hecho, ha explicado que con el plan de concertación “se da estabilidad a futuro”, ya que se recoge la posibilidad de prórroga durante 4 años de los convenios para poder dar continuidad en los servicios. A
demás, ha destacado que otro aspecto novedoso del plan es la “mejora de la digitalización de la gestión”, pues a través de una única plataforma se podrá realizar la solicitud y tramitación de los convenios. En cambio, ha criticado la actitud del PP durante la anterior Legislatura en la región, ya que les ha acusado de “desmantelar” los servicios sociales básicos, prescindir de 245 profesionales especializados dedicados a la Atención Primaria y, además, ha denunciado que el Gobierno central aprobó la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, una norma que finalmente fue rechazada parcialmente por el Tribunal Constitucional.
Otra lectura ha sido la que ha realizado la diputada del PP Cortes Valentín, quien ha aseverado que “los servicios sociales sobreviven gracias a los esfuerzos de los ayuntamientos”.
“Tienen el corazón de piedra y la cara de cemento”, ha espetado Valentín al Gobierno regional, al que ha preguntado en “qué se gasta el dinero de los ciudadanos si no lo destinan a su bienestar”.
En este punto ha detallado varias partidas de las que, a finales de mayo, se habían gastado 0 euros, como por ejemplo el programa de atención a la infancia, el plan contra la pobreza energética o el Ingreso Mínimo de Solidaridad.
Pero la consejera de Bienestar Social ha negado que esa información sea cierta y ha dicho, por ejemplo, que del Ingreso Mínimo de Solidaridad se ha pagado hasta abril 2,4 millones de euros y que, para combatir la pobreza energética, se han concedido 2.713 ayudas, que supone el 42 por ciento del presupuesto.
Asimismo, y sobre los convenios con los ayuntamientos, Valentín ha recordado que la consejera se comprometió el año pasado a que, desde este año, dichos convenios estarían firmados en el primer trimestre del año, una promesa que no se ha llevado a cabo, por lo que ha considerado que “en la historia de Castilla-La Mancha no se ha visto un gobierno tan malo e irresponsable”.
También el diputado de Podemos en las Cortes José García Molina ha reprochado al Gobierno regional que aún no haya firmado todos los convenios con ayuntamientos, a pesar de lo cual las administraciones locales continúan prestando los servicios, lo que supone que lo tienen que abonar con cargo al presupuesto municipal.
Sin embargo, ha considerado que el anterior Gobierno autonómico no gestionaba mejor las políticas sociales, por lo que “ninguno de los dos grupos puede alardear demasiado” en esta materia y ha añadido que, si bien los anteriores ejecutivos del PSOE “pagan tarde, pero pagaban en el año en curso”, el Gobierno del PP pagó en 2015 los servicios sociales prestados por los ayuntamientos en 2013.
En cualquier caso, ha preguntado a la consejera “hacia dónde van los servicios sociales” y, como propuestas, ha planteado que los convenios que se firmen con los ayuntamientos lo hagan en el primer trimestre del año y que se contemple la posibilidad de que tengan carácter plurianual.
Por su parte, el diputado del PSOE en las Cortes José Luis Escudero, que ha recordado que ayer se cumplieron dos años de las elecciones autonómicas en las cuales “el PP no pudo revalidar su gobierno en Castilla-La Mancha, ha afirmado que su grupo no tendría problema en votar a favor de las iniciativas propuestas por el PP si en la resolución se pusiera “negro sobre blanco” que esas medidas se llevarán a cabo cuando se aprueben los presupuestos de la Junta para 2017.
“No se puede soplar y sorber al mismo tiempo”, ha señalado Escudero, que ha recordado que sin nuevo presupuesto no se pueden incrementar los gastos y ha denunciado que los cuatro años de gobierno del PP en Castilla-La Mancha “han dejado un rastro de desolación”.
