Diego Peris Sánchez

En pocos meses estamos asistiendo a la venta y subasta de lo que nos pertenece a todos con la voluntad de conseguir unos escasos euros pero condenando la gestión de lo público, en el futuro, a una dependencia de los especuladores de la educación, de la sanidad y de cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir. El ridículo ya lo hicieron cuando anunciaron a bombo y platillo la subasta de los coches públicos que constituían un lujo y un derroche de dinero de todos. Lo que no sabemos es cuánto nos cuesta la gestión privada de los alquileres de los vehículos que utilizan los altos cargos en la actualidad, ni quién es el empresario que obtiene sus beneficios con esta gestión. Los conductores, en muchos casos, se han sustituido por asesores conductores contratados como cargos de confianza con sueldos muy superiores a los de los anteriores trabajadores.

La privatización de la gestión sanitaria
En el tema sanitario los anuncios son de primera importancia. Tres hospitales de la región van a ser entregados a la gestión privada en los próximos meses. Tres hospitales que tienen un presupuesto aproximado de 110 millones de euros y para los que se anuncia una rebaja de unos 35 millones es decir más del 30%. Y con ello nos explican  que vamos a seguir con los mismos criterios de calidad que tenían hasta ahora. Hospitales que van a tener una bajada de presupuestos espectacular y que la gestión privada, mucho más lista y eficaz que la pública por supuesto, va a obtener beneficios incluso. Las empresas que están asumiendo gestiones sanitarias en estas áreas tienen claras vinculaciones políticas con determinados ámbitos. Hay experiencias de diversa índole en esta materia. Todas hablan de una pérdida muy notable de la calidad en los servicios sanitarios en los primeros años de gestión privada. Con el paso del tiempo, en ocasiones, la administración acaba inyectando recursos que superan ampliamente los gastos iniciales para  asegurar los beneficios del gestor privado. Las manifestaciones convocadas en Manzanares y Tomelloso contra estas privatizaciones encubiertas, nos indican que el tema es importante para muchos ciudadanos. Hablamos de un sector esencial para la población en el que no debería haber recortes de ningún tipo y donde la garantía de calidad debe hacerse desde la defensa de lo común.

La entrega de la gestión a empresas  privadas puede hipotecar el futuro de estas instalaciones para muchos años cuando han sido infraestructuras y dotaciones que han supuesto un esfuerzo colectivo de primera importancia. Desde la gestión política del Partido Popular  se juega con estos recursos como si fueran elementos de su propiedad que pueden utilizar para sanear unas cuentas que deberían tener otros recursos diferentes de ahorro. Son actuaciones que están cuestionando el presente de los servicios sanitarios de Castilla-La Mancha y están  hipotecando su futuro dejándolo en manos de gestores cuyos objetivos son obtener el máximo beneficio posible sin más.
Las obras del Hospital de Toledo se paralizan en medio de su ejecución con los costes que ello conlleva tanto de indemnizaciones como de encarecimiento futuro de las actuaciones. Y se anuncian nuevos modelos de gestión de la infraestructura. Modelos Aguirre? Nos tememos que sí, en cuyo caso hipotecamos la gestión del hospital y hasta la propiedad del mismo que acabaremos pagando,  multiplicada por tres o cuatro, al cabo de los años.


La educación privatizada y mermada
El afán privatizador va llegando a los ámbitos educativos también. Ya se anuncia la posible gestión privada de una Residencia Universitaria de Ciudad Real: la Francisco Nieva, una residencia gestionada por la administración con una austeridad máxima de medios y que como todas las residencias universitarias de Castilla-La Mancha cumplían funciones esenciales. La Universidad de Castilla-La Mancha ha tenido muchas ventajas para la comunidad autónoma y una de ellas es permitir que muchos ciudadanos de esta región que no habrían podido acceder a los estudios universitarios, por razones económicas, fuera de la región, lo hayan hecho, cumpliendo así la igualdad de oportunidades que el Estado debe ofrecer a todos los ciudadanos. Y para ello las Residencias Universitarias ofrecen alojamiento en condiciones ventajosas. Durante muchos años han sido ayudas económicas importantes para muchas familias que tenían a sus hijos en alojamientos que de otra manera no podrían pagar. Probablemente los Consejeros venidos de otras tierras, en jornada parcial, a sus despachos de Toledo desconocen esta realidad. Y por ello anuncian alegremente la posible gestión privada de estos centros. Si hay empresarios que quieren hacer negocio con el alojamiento universitario que monten sus infraestructuras y las exploten pero no les regalemos las que hemos construido con los recursos de todos.

Se anuncia ya la llegada de una Universidad Privada a Alcázar de San Juan. Esperemos que sea con el esfuerzo y los recursos económicos de esa institución. En muchos lugares tenemos la experiencia popular de cesiones de suelos, de edificios o instalaciones públicas a empresas que ejercen su negocio privado, perfectamente legítimo. No estaríamos en la primera ocasión en que el suelo público se cede para instalaciones deportivas o educativas privadas (ejemplos tenemos en Ciudad Real capital algunos recientes). Esperemos que los recursos que deben destinarse a la Universidad pública mantengan los niveles de calidad que han tenido durante años para poder desarrollar de manera digna su actividad docente e investigadora sin que otras presencias supongan ninguna interferencia en ello.

Porque manifestaciones como las del Consejero de Educación anunciando como  solución a los problemas de la educación, la convivencia de lo privado, potenciando la enseñanza concertada, y lo público, dan un cierto miedo. En estos días se anuncia ya el cierre de los Centros de Formación del Profesorado de la región. Y nos tememos que cada día nos despertaremos con nuevas noticias de este tipo.
En materia de patrimonio histórico esta fiebre está llegando a bienes de nuestras ciudades: El edificio de la Cruz Roja en la Ronda de Ciudad Real o La Casa Perona, de Albacete se subastan, para convertir el patrimonio histórico de propiedad común en negocio privado. Edificios adquiridos por la administración autonómica para ubicar allí servicios comunes, representan políticas de defensa del patrimonio histórico, con usos colectivos que permiten garantizar el mantenimiento de los mismos con adecuadas rehabilitaciones. Ahora se subastan, veremos si ello es posible sin saber las condiciones de su mantenimiento futuro y los condicionantes que se introducen para ello.

La gestión austera de lo público, la eficacia del trabajo de los funcionarios y la calidad de las prestaciones que se hacen desde lo común son aspectos que todos defendemos y en los que debe avanzarse. Pero ello no se realiza por el camino de la privatización, especialmente en aspectos tan sensibles para todos como la sanidad y la educación. Parece que hemos entrado en una carrera de ver quien anuncia más recortes y quien vende más recursos públicos o los privatiza. Camino altamente peligroso porque no sólo es una decisión de su política actual sino que está hipotecando y condenado el futuro de estos servicios públicos.