Madrid, 5 mar (EFE)
Los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato consideran que la Audiencia Nacional incurrió en numerosos “fallos” en su veredicto sobre las tarjetas “black”, ya que “ignoró o devaluó” hechos probados por las defensas, que ahora advierten al Tribunal Supremo de defectos de forma en la sentencia.
Según han señalado a Efe fuentes jurídicas, ambos expresidentes repasan en sus recursos la mecánica de las tarjetas y el origen de éstas, establecidas en 1988 durante la presidencia de Jaime Terceiro y cuyas condiciones de uso aseguran que perduraron hasta diciembre de 2011, ya en la era Bankia.
Tanto Blesa como Rato, condenados a seis y cuatro años y medio de prisión respectivamente como autores de un delito continuado de apropiación indebida, afean que el tribunal explicase en su sentencia que los 65 condenados “entrañaron un sistema opaco frente a los organismos internos y externos”.
En este sentido, ponen el foco en aspectos “obviados” por el tribunal y apuntan a que durante las veintiséis sesiones de juicio no se ha aportado ninguna prueba que demuestre que las cantidades imputadas a los acusados, para quienes la sala dictó penas que oscilan entre los seis años y los tres meses de cárcel, no han sido objeto de retención fiscal.
Máxime cuando, al parecer de las defensas, ha quedado evidenciado que las tarjetas fueron inspeccionadas en repetidas ocasiones por el fisco, y declaradas en 2014 como gastos deducibles por el actual equipo de Bankia, cuya voz de alerta al FROB inició el proceso y a la que ahora la Audiencia Nacional reconoce el perjuicio en exclusiva de la apropiación indebida.
Aunque es Bankia, como acusación particular, aquella que monopoliza los reproches de los usuarios de las “black”, quienes confían en que el Supremo invalidará las hojas de cálculo Excel con detalles de los gastos al no ser una prueba lo suficientemente solvente que habría sido manipulada.
Unos alegatos con los que pretenden desmontar el criterio de la sección cuarta de la sala de lo Penal, que si bien reconocía que el contenido de los extractos era íntimo, calificaba como “legítima” la supuesta intromisión en los derechos fundamentales de los acusados en tanto que era “la base misma de la imputación delictiva”.
Para los abogados defensores, estos datos individualizados fueron utilizados tanto por Bankia en su informe, como por el FROB y la Fiscalía Anticorrupción sin autorización previa, lo que supone una vulneración de la intimidad que podría elevar el caso, en última instancia, ante el Tribunal Constitucional.
También hacen constar que el perjuicio de las tarjetas, cifrado en torno a 12 millones de euros, no amplió ni redujo el patrimonio de Bankia o su matriz, BFA, ya que los gastos de los órganos de gobierno de Caja Madrid no formaban parte de los activos y pasivos bancarios traspasados al grupo con la fusión.
En la misma línea, los usuarios de las tarjetas, como ya hicieran durante las declaraciones ante la sala, apelan a la reparación del daño como atenuante aunque no sin antes señalar que tales cantidades fueron restituidas por voluntad propia y sin que los supuestos perjudicados se las demandasen.
Ni siquiera la propia Bankia, que en su informe también alertó de las supuestas irregularidades en las tres tarjetas emitidas por el expresidente Rato entre febrero y mayo de 2012 a favor del ex director general de Medios Ildefonso Sánchez Barcoj, el exsecretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella y el ex consejero delegado Francisco Verdú, quien no utilizó la suya al sospechar de las “consecuencias importantes” que podría acarrear.
Una conducta por la que el tribunal condenó al exministro por “mantener la misma dinámica” defraudatoria que Blesa con el fin de compensar el sueldo de los directivos, incluido el suyo propio, tras los límites salariales consecuencia del “decreto Guindos”.
De momento, los expresidentes afrontarán los próximos meses en libertad después de que la sala rechazara este viernes imponer cualquier medida cautelar dado el comportamiento “intachable y cabal” mostrado por ambos durante el proceso.
Un proceso que no sólo continúa abierto casi dos años y medio después, sino con más actividad que nunca a la espera de que la justicia decrete una sentencia firme.
