EUROPA PRESS / ÁVILA/TOLEDO

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este martes que en próximas semanas el Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local para "definir las competencias impropias" de las corporaciones locales y su financiación.

Así se conseguirá "tener claro lo que tienen que gestionar" los ayuntamientos, según ha indicado la vicepresidenta en su intervención en la inauguración de la Escuela de Verano de la Universidad Católica y La Razón, donde también ha aludido a la necesidad de "eliminar duplicidades" y de la "unidad de mercado" para que, por ejemplo, un empresario no tenga dificultades para desarrollar su actividades en cualquier lugar del país y deba enfrentarse a "17 administraciones".

La vicepresidenta ha desglosado las reformas que desde el primer día el Gobierno ha afrontado para, aprovechando "fortalezas" y "debilidades", abordar la situación de crisis del país. "Apelo a la responsabilidad --ha dicho en su intervención-- para, como tarea compartida, trasladar fuera y dentro la imagen real de nuestro país, que tiene una marca insuperable, la marca España, es que la de todos los españoles que trabajan y se esfuerzan por salir del bache cada día".

Bajo el título de 'La España de las reformas. La responsabilidad de los medios de comunicación: crisis y bien común', Sáenz de Santamaría, ha destacado que el Gobierno trabaja en medidas basadas en que "la austeridad es la base del crecimiento", significando la normativa de pago a proveedores, un modo de "aflorar las facturas"

Por un lado, ha recordado se "han inyectado 27.000 millones de euros directos en la economía real" por los pagos de los ayuntamientos, mientras que en una segunda fase las comunidades autónomas abonarán deudas entre los días 27 y 28 de junio una cantidad cifrada en más de 17,5 millones correspondientes a cerca de 4.000 facturas pendientes, que en buena medida irán a autónomos y pymes.

También ha resaltado la importancia que tendrá la Ley de Transparencia, con la que "un funcionario o un alto cargo podrá ser sancionado" si incumple la norma.

Aunque ha reconocido que vivimos en un momento en el que quedan "curvas peligrosas", ha partido de la "convicción de que España saldrá adelante", como lo ha hecho de peores situaciones como la Guerra Civil y la dictadura, ya que España tiene la ventana de ser "un país hecho a sí mismo, con dificultades".

Sáenz de Santamaría ha manifestado que el Gobierno ha partido de la necesidad de abordar "un plan de reformas exhaustivo y completo" y de "poner el contador a cero en austeridad", de ahí que la labor se haya afrontado con "urgencia y templanza", con "la cabeza fría para no detener las reformas".

Lección de los ciudadanos

Entre las fortalezas de España ha destacado "la lección de responsabilidad que están dando los ciudadanos, con madurez y sacrificio" ante "medidas imprescindibles", a la vez que enumeraba la situación geoestratégica, el patrimonio natural y artístico, la riqueza cultural o el idioma, que "aporta el 16 por ciento del PIB".

También ha aludido como fortalezas las infraestructuras y el desarrollo tecnológico, el "potencial emprendedor" y "los sectores productivos que ayudarán a salir de la crisis", como la agricultura, el textil o la tecnología sanitaria, que suman "valor añadido y reclamado" y ayudan a la balanza comercial.

Entre las debilidades ha señalado la deuda externa y el déficit público, donde figuran en los Presupuestos Generales del Estado 29 millones, "casi la cifra destinada al desempleo", para pagar los intereses, y se ha propuesto "restaurar el flujo crediticio" y reformas para mejorar la competitividad, donde la principal es la creación de empleo ante una cifra de paro "inadmisible".

Ante esto, la vicepresidenta ha dicho que el Gobierno debe afrontar la "consolidación fiscal y reformas estructurales, donde subrayó la reforma constitucional de la anterior legislatura -"porque no se puede gastar más de lo que se ingresa"- y las medidas de austeridad.

Ha propuesto abordar reformas estructurales, "todas las necesarias para ganar competitividad", como ahorrar los costes de funcionamiento en las administraciones y "acabar con la parafernalia acumulada a lo largo de la historia con las que estamos acostumbrada".

Sáez de Santamaría, por otra parte, ha aludido a la necesidad de suprimir burocracia y ofrecer "alfombra roja para los emprendedores", y ha citado como ejemplo la reciente normativa de liberalización comercial que permite abrir un establecimiento con una declaración del propietario para que luego sea la Administración la que se encargue de la supervisión.

En el ámbito laboral ha defendido que la reforma ha sido alabada en el ámbito internacional y en el financiero ha alabado que se haya abordado "tarde" respecto a otros países, pero que con las afrontadas en febrero y abril resultará "uno de los sistemas mejor provisionados del mundo", lo que "nos reconoce capacidad de confianza".

El PSOE defiende que los municipios tengan amplias competencias por su "especial radar para detectar necesidades"

El PSOE defiende que los ayuntamientos puedan prestar todos aquellos servicios que no estén atribuidos expresamente al Estado y a las Comunidades Autónomas, una amplia capacidad para gestionar justificada por que ellos tienen un "especial radar para detectar necesidades" y deben tener capacidad "para regir estos nuevos servicios y sectores".

Para ello, la ley debe establecer como principio básico lo que se denomina "cláusula general de competencias". Así figura en el documento que el PSOE ha enviado a Administraciones Públicas, como aportación a la negociación para reformar la Ley de Bases de Régimen Local.

El punto de partida de los socialistas es el opuesto al del Gobierno. Administraciones Públicas quiere eliminar el artículo de la actual ley que permite a los ayuntamientos realizar actividades propias de otras administraciones, en particular, en educación, cultura, promoción de la mujer, vivienda, sanidad y protección del medio ambiente. Además, propone el control por parte de las administraciones superiores, que incluso podrían impedir que un ayuntamiento ejerza alguna competencia.

El PSOE, al contrario, aporta esa cláusula general, una lista de doce competencias propias de los ayuntamientos y otra lista de materias que deberá determinarse en cada comunidad autónoma. El Gobierno, por su parte, ha elaborado una única lista que sería igual para todos los municipios del país y de la que saca las competencias en educación y sanidad que tienen hasta ahora.

Los socialistas incluyen en esa primera lista la gestión municipal, la hacienda, el agua, la policía local, la protección civil y emergencias, el medio ambiente urbano, el tráfico, la integración de los inmigrantes, el control sanitario, consumo y cementerios. Y deja para las competencias que deberán regularse en cada CCAA asuntos como el urbanismo, la promoción de viviendas, el transporte de mercancías, la programación y gestión de asistencia social primaria, la gestión de museos, instalaciones deportivas y bibliotecas o la gestión de las instalaciones docentes fuera del horario escolar.

Además, como han censurado en reiteradas declaraciones, los socialistas rechazan que los municipios de menos de 20.000 habitantes deban traspasar sus competencias a las diputaciones si se cree que no las van a prestar con eficiencia. Recuerdan en su documento que son las grandes ciudades las que arrastran el déficit local y que el interés por limitar las competencias es el de abrir la puerta a la iniciativa privada.

Decisión por CCAA

En cuanto a otras instituciones supramunicipales, mientras el Gobierno defiende ese papel de las diputaciones, el PSOE cree que en cada autonomía se debe estudiar "fórmulas de mancomunización, de fortalecimiento de las comarcas o de las diputaciones como auxilio al pequeño municipio", para que se elija una, la que mejor se adapte a cada territorio.

En su documento, los socialistas subrayan la necesidad de respetar la libertad para afrontar este proceso "siempre que se haga esa elección desde parámetros de eficiencia y respeto a las normas de estabilidad presupuestaria".

El PSOE critica además que los ayuntamientos puedan perder competencias pero sigan existiendo las corporaciones, los alcaldes y concejales. "Reduce la democracia local a un absurdo. ¿De qué sirve votar a 7.720 alcaldes si ellos no van a ser responsables de cómo se prestan los servicios y cómo se ejercen las competencias?", se pregunta.

La propuesta socialista incluye también un reconocimiento expreso de los derechos de los ciudadanos, transparencia en la vida local, la regulación de salarios y compensaciones de alcaldes y concejales, más participación para los gobiernos locales y, en sintonía con la reforma competencial, una nueva ley de financiación municipal.