La medida adoptada por el gobierno de Rajoy, que eufemísticamente viene llamándose “regularización fiscal”, es una verdadera amnistía para los delitos y fraudes fiscales que se vienen cometiendo en España y que, con cuantías verdaderamente escandalosas, representan una de las páginas más negras de nuestra economía y hasta de nuestra convivencia social.

Un sistema democrático no está verdaderamente consolidado hasta que los ciudadanos en su conjunto, y los poderes públicos de manera especial, no toman conciencia de que los derechos civiles, económicos y sociales que garantiza la Constitución y deben hacer efectivos los gobiernos a través de las leyes, se corresponden con una serie de correlativas obligaciones, entre las cuales no es menos fundamental la de pagar rigurosamente todos los impuestos que a cada uno corresponda.

La igualdad ante la ley tiene dos caras: una son los derechos y otra las obligaciones. Si los derechos son universales y las obligaciones discriminan a unos frente a otros, el modelo estará desequilibrado y la injusticia socavará los cimientos esenciales del sistema democrático. Si en tiempos de penuria y estrecheces económicas, los derechos se recortan desigualmente y las obligaciones se “regularizan”, o se amnistían, no solo para los más poderosos sino, de entre ellos, para los más defraudadores y para los que incurren en prácticas delictivas en el plano fiscal, se habrá quebrado uno de los elementos básicos de la convivencia social y de la propia democracia como es la conciencia fiscal de los ciudadanos.

Cuando la crisis presupuestaria es acuciante y se piden esfuerzos extraordinarios a todos los sectores sociales, no puede haber peor medida que decretar una amnistía fiscal para que se regularicen, al módico tipo del 10%, todas las fechorías fiscales que se hayan podido cometer. Mal procedimiento para incrementar la recaudación el de debilitar la ya poco consistente conciencia fiscal de los españoles. Con medidas de este tipo, tan denostadas desde la oposición por los propios Rajoy y Cospedal con gruesas descalificaciones pero que ahora aplican sin reparo alguno, solo conseguirán una desafección de los contribuyentes, que cada vez que tengan la ocasión actuarán frente a los impuestos bajo la muy poco recomendable consigna de “sálvese quien pueda”.