Juan Gómez Castañeda
El panorama de la economía española es preocupante y algo más que preocupante si nos atenemos a las previsiones que, para 2012, están publicando los más importantes centros e instituciones de prospección y análisis económico. Y en esto llegó Rajoy, de quienes sus más fieles panegiristas afirmaban que solo con invocar su nombre comenzarían a conjurarse todas las amenazas de la crisis, que no tendrían otro origen que Zapatero y su lenta y equivocada gestión de la misma.
Sin embargo, ni las variables monetarias ni los fundamentos macroeconómicos mejoran, de la noche a la mañana, con un simple cambio de gobierno. El propio Rajoy conocía el origen de la crítica situación, pero estrategias electorales más partidistas que patrióticas aconsejaron poner en la diana al gobierno, anteponiendo la llegada al poder a cualquier colaboración para hacer frente a la crisis.
Desde la noche misma de la obtención de la mayoría electoral absoluta se produjo una gran transmutación en la cara de Rajoy y en el discurso popular. Una vez en el poder, comenzaron las advertencias acerca de la gravedad de la crisis económica y de la imperiosa necesidad de adoptar medidas duras que exigirán grandes sacrificios a los ciudadanos. El discurso de investidura fue el anticipo de lo que nos ha caído encima con los acuerdos de su segundo consejo de ministros y, aún más, de lo que nos caerá cuando se apruebe el nuevo presupuesto y hayan pasado las elecciones andaluzas.
La profundidad de la crisis es tan seria y su duración se augura tan larga, que un intenso miedo colectivo se ha instalado en extensas capas de la sociedad española. Tanto, que ha creado el caldo de cultivo para que, cada uno en nuestro ámbito y nivel, estemos dispuestos a pasar voluntariamente por el altar de los sacrificios sin rechistar. Es el momento idóneo para que el nuevo gobierno aplique los temidos recortes a los que, sin embargo, el ministro de Hacienda dice que no hay que llamar recortes sino reformas; es la ocasión propicia para una subida de impuestos que, según afirmó el presidente en la campaña electoral, nunca subirían.
No podía faltar la justificación del incumplimiento de las promesas electorales, a las primeras de cambio, en un déficit “extraordinario e imprevisto”, que les habría obligado a adoptar unas medidas “extraordinarias e imprevistas”. Aun agradeciendo la sutileza expresiva, que evita la patética teoría de la “herencia recibida” a la que se aferran otros gobernantes menos escrupulosos en ámbitos de menor entidad territorial, se sugiere que éstos explicaran a Rajoy el origen y la cuantía del déficit público real, que tanta sorpresa parece haberle causado, por cuanto llevan años gobernando en el origen mismo del desbordamiento deficitario: sus Comunidades Autónomas.
El nuevo gobierno ha ganado holgadamente en las urnas la legitimidad para gestionar la crisis; es su turno. Pero comenzarán a perder esa legitimidad y también toda su autoridad moral si, además de subir unos impuestos que habían prometido no subir, pretenden que creamos que con esa subida del IRPF están repartiendo progresivamente el coste de la crisis. No, en absoluto.
Primero porque el IRPF español es, sustantivamente, un impuesto sobre las rentas del trabajo, y son estas las que resultarán más castigadas, así como las de los pequeños ahorradores, esos, por ejemplo muchos jubilados, que complementan su pensión con los rendimientos de unos ahorros acumulados durante toda su vida.
Segundo, porque la subida se produce desde los tramos de renta más bajos y, aunque esta sea escalonada, afectará más a las rentas medias y bajas (donde menos fraude puede haber), incluidas las de la mayoría de los pensionistas, a quienes se les promete una subida del 1% en su pensión, que, además de no permitirles el mantenimiento de su poder adquisitivo, se les volverá a reducir mediante la subida del IRPF.
Tercero, porque la subida de las rentas del capital aprobada por el gobierno de Rajoy no compensan ese mayor castigo: los grandes capitales y las grandes fortunas no se someten al régimen ordinario del IRPF (¿cuántos declarantes de más de 300.000€ hay en este impuesto?) sino que tributan a través de entidades societarias, de las conocidas Sicav o a través de sociedades radicadas en terceros países, incluyendo esos que se denominan “paraísos fiscales”.
La salida de la crisis que propone el gobierno con sus primeras medidas agrandará las diferencias sociales y de renta entre los españoles. Porque, lejos de apostar por el crecimiento y la creación de empleo bajo premisas de eficiencia productiva y competitividad de nuestras empresas, estas medidas solo tratan de pagar los peajes y compromisos ideológicos adquiridos ante los poderes económicos conservadores que dominan los mercados y gobiernan Europa. Si esta salida de la crisis se basa únicamente en rebajar los costes salariales y en unos duros ajustes presupuestarios a cuenta de los servicios públicos, será una salida en falso y comportará una regresión histórica difícil de asumir, incluso por muchos de los que hoy han propiciado con su voto la llegada de Rajoy al poder.
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