Otr/Press / MADRID
Ninguno de los motivos esgrimidos por la defensa fue suficiente para anular el juicio. El Tribunal Supremo (TS) decidió este martes no aplicar la llamada 'doctrina Botín' y seguir adelante con la causa por los crímenes del franquismo, en la que Baltasar Garzón se enfrenta a 20 años de inhabilitación. Es la segunda vez en un mes que el magistrado se sienta en el banquillo del alto tribunal. En esta ocasión, su declaración se basó en una férrea defensa de su instrucción, la cual estuvo, a su entender, libre de cualquier ideología.
"Hice lo que tenía que hacer. Los jueces no estamos para ideologías, cada uno tendrá la suya. Aquí no hubo ideologías", manifestó. Con estas palabras, el popular magistrado respondía a las preguntas de su abogado. No contestaba, en cambio, a las cuestiones planteadas por la acción popular -el sindicato Manos Libres y la organización Libertad e Identidad-, al considerar que "no está legitimada" para ejercer la acusación.
Una opinión que ya había expresado anteriormente su abogado, Gonzalo Martínez Fresneda, durante la presentación de las cuestiones previas. Tanto él como la Fiscalía coincidieron en ese momento en que la vista debía ser anulada, ya que ni el Ministerio Público ni ninguna parte directamente perjudicada habían presentado cargos contra Garzón. El argumento estaba respaldado por la jurisprudencia y, más concretamente, por la llamada 'doctrina Botín', según la cual la acusación popular no es suficiente para sostener un procedimiento judicial.
Tanto Fresneda como la Fiscalía presentaron entonces otros motivos para suspender el juicio: la indefensión de Garzón tras el rechazo de varias pruebas en su defensa y la invalidez de los escritos de la acusación que, según comentaron, son una copia del auto dictado por el juez instructor, Luciano Varela.
Este lunes, el TS rechazó todas estas cuestiones y decidió continuar con el juicio al considerar que "los excesos denunciados no tienen entidad material suficiente para justificar la anulación". Sobre la 'doctrina Botín', el alto tribunal argumentó que los bienes jurídicos protegidos son de naturaleza pública, por lo que en este caso sí basta con la acusación popular para sostener el procedimiento.
Su decisión obligó a Garzón, una vez más, a despojarse de su toga de magistrado y a sentarse en el banquillo. Allí empezó una declaración que se prolongó durante una hora y media.
"HICE LO QUE TENÍA QUE HACER"
El principal delito del que se le acusa es el de prevaricación, por lo que Garzón centró su intervención en demostrar su sometimiento pleno a las normas y "la obligación" que tenía, como juez instructor, de investigar los hechos denunciados por "cientos, incluso miles" de personas.
Así, explicó que la primera denuncia sobre los crímenes del franquismo llegó en diciembre de 2006, y a ella la siguieron otras tantas con "un claro contenido penal y perfil delictivo". "En todas ellas había un alto componente humano", narró. "Se hacía referencia a crímenes muy graves, y eso es lo que se tuvo en cuenta".
Estas iniciativas fueron distribuidas por el juez decano, por lo que el asunto recayó en su juzgado siguiendo las normas de reparto. "Me correspondía un asunto en reparto automático y a partir de ahí hice lo que creí que tenía que hacer, acomodándome a las normas legales en vigor y a las internacionales", comentó. En ningún caso se trató, según dijo, de "una cuestión de ideología".
"Hice lo que tenía que hacer", que es defender el derecho a "la verdad, la justicia y la reparación" de todas las víctimas. "Se puede compartir o no, pero está perfectamente razonado y explicado", afirmó.
Durante la fase de instrucción, Garzón tuvo la difícil tarea de recabar información sobre los desaparecidos durante y después de la Guerra Civil. "Ningún organismo contribuyó, sólo el alcalde de Madrid", dijo en referencia al actual ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón.
Tras ello, solicitó a la Policía Judicial que desarrollara "una investigación" para poder acreditar que los principales responsables del Alzamiento Nacional y de Falange, a los que se les atribuía desapariciones, estaban muertos. Según explicó, la constatación de este hecho hizo "decaer la competencia por el delito contra Altos Organismos de la Nación", por lo que el 16 de diciembre de 2008 decidió ceder la competencia a los juzgados territoriales.
"CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD"
Además de narrar cómo fue su investigación, Garzón dedicó gran parte de su tiempo a demostrar que nunca trató de sortear las normas establecidas. "Entendí, interpreté, que era admisible la conceptuación como típicos y dentro de la obligación de todo juez investigar estos hechos". Por ello, comenzó la fase de instrucción como tantas otras veces: "No hice una cosa diferente a lo que he hecho en todos y cada uno de los procedimientos en los que me correspondía la decisión procesal. Hice exactamente igual, ni más ni menos", defendió.
Así, recalcó que en ningún momento sorteó la Ley de Amnistía porque los "efectos" de este tipo de delitos "permanecen en el tiempo". "Los crímenes de la naturaleza que se denunciaron no pueden tener carácter político de ningún tipo, son crímenes contra la humanidad".
En este punto, Garzón comparó su caso con el que actualmente está tramitando, a petición de la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, relacionado con unos hechos ocurridos entre 1942 y 1944 presuntamente cometidos por "criminales de guerra nazis".
A su juicio, este caso tiene un contenido "prácticamente idéntico" al de los crímenes del franquismo, ya que ambos se refieren a "un plan sistemático de eliminación de miles de personas, de ocultamiento de cadáveres o de ejecuciones extrajudiciales", por lo que no entiende "la disparidad" de criterios utilizada a la hora de sentar a una persona en el banquillo.
En su caso, su presencia ante el alto tribunal podría costarle 24 meses de multa y 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y con la incapacidad de obtener, durante el tiempo de la condena, cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales. Eso es lo que pide la acción popular. La Fiscalía, por su parte, solicita su absolución.
ENFRENTAMIENTOS
La expectación por el juicio a Baltasar Garzón continúa. El magistrado ha recibido apoyo, al igual que el pasado martes, tanto fuera del Tribunal Supremo, donde cerca de cien personas se han vuelto a concentrar a sus puertas con gritos de "Justicia, justicia", como dentro donde ha tenido lugar un enfrentamiento entre partidarios de la memoria histórica y Manos Limpias.
Baltasar Garzón, que ha sido interrogado por haberse declarado competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el Franquismo, ha llegado a las 10.03 horas al alto tribunal, al que ha accedido por una puerta trasera y en medio de un gran tumulto de cámaras, fotógrafos y defensores de su causa.
"Hice lo que tenía que hacer. Los jueces no estamos para ideologías, cada uno tendrá la suya. Aquí no hubo ideologías", manifestó. Con estas palabras, el popular magistrado respondía a las preguntas de su abogado. No contestaba, en cambio, a las cuestiones planteadas por la acción popular -el sindicato Manos Libres y la organización Libertad e Identidad-, al considerar que "no está legitimada" para ejercer la acusación.
Al término de la vista oral, miembros de colectivos de la memoria histórica y otros representantes del sindicato Manos limpias han protagonizado un incidente durante el cual se ha acusado al sindicato de tener "las manos" manchadas "de sangre".
En este sentido, un simpatizante del magistrado de la Audiencia Nacional ha explicado a Europa Press que, a la salida del Salón de Plenos del Tribunal Supremo, se ha dirigido al presidente de Manos Limpias, Miguel Bernard, y a otro miembro que le acompañaba para acusarle de tener "las manos" manchadas "de sangre". Tras este hecho, éstos le han reprendido y han traído a colación los fusilamientos de Paracuellos del Jarama, según su versión.
Precisamente, el juez Garzón apeló a la Ley de Amnistía de 1977 cuando rechazó una querella presentada en 1998 contra Santiago Carrillo por los asesinatos republicanos cometidos el 7 de noviembre de 1936 en este pueblo próximo a Madrid.
Por otra parte, el presidente de Manos Limpias ha querido restar importancia al incidente y ha indicado en declaraciones a Europa Press, que "un impertinente les ha increpado" y les han gritado "¡asesinos!".
A LAS PUERTAS DEL ALTO TRIBUNAL SE AGOLPABAN UN CENTENAR DE PERSONAS
Acto seguido, han salido los presentes en el Salón de Plenos del alto tribunal, donde este martes se ha reanudado el juicio al rechazar la Sala las cuestiones previas planteadas por la defensa y la Fiscalía que solicitaban anular este procedimiento. Entre el público, se encontraban representantes de Amnistía Internacional y el abogado argentino especializado en derechos humanos Carlos Slepoy.
Sin embargo, ningún representante político se ha dado cita en la concentración que se ha desarrollado en la plaza de la Villa de París tanto al inicio como al final de la vista oral. La semana pasada acudieron a la manifestación el coordinador general de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara; el diputado de la formación Gaspar Llamazares; el exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo o la actriz Pilar Bardem.
El juez suspendido de la Audiencia Nacional ha abandonado a las 12.40 horas el Tribunal Supremo entre aplausos y gritos de apoyo proferidos por medio centenar de personas que esperaban su salida desde la mañana de este martes. Entre otras consignas gritaban "¡Queremos justicia, tenemos memoria!", "¡Hay que juzgar el franquismo criminal!", "¡Verdad, justicia, reparación; ni olvido ni perdón!".
Los presentes portaban una pancarta con el lema 'Contra la impunidad del franquismo' mientras que algunos llevaban un pañuelo con la bandera republicana y otros exhibían fotografías en blanco y negro de represaliados durante la dictadura. Asimismo, el juicio por esta causa estaba previsto que se reanudara este miércoles a partir de las 10.30 horas con la declaración de tres testigos ante el alto tribunal.
Al igual que el martes pasado, Garzón ha contado con el apoyo de los jueces de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y Fernando Andreu y de la fiscal Dolores Delgado, que asisten a la vista oral como pública y han departido antes del comienzo del juicio con el fiscal Luis Navajas.
Garzón, que será representado por el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, se enfrenta a una pena de inhabilitación de hasta 20 años solicitada por las acusaciones populares, que ejercen el sindicado Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad.
Se trata de la segunda ocasión en la que el titular del juzgado Central de Instrucción número 5 se sienta en el banquillo para enfrentar una posible pena de inhabilitación, después de haber sido juzgado la pasada semana por intervenir los encuentros de los cabecillas de "Gürtel" con sus abogados en prisión.
