El Gobierno aprobó este vierens el Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude fiscal, laboral y de Seguridad Social, que incluye hasta 60 medidas de aplicación "inmediata" y con el que se pretende obtener unos ingresos equivalentes al 0,1% del PIB (unos 1.000 millones de euros) en 2013 para contribuir a la consolidación de las finanzas públicas.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, afirmó que el fraude "distorsiona" la actividad económica, supone competencia desleal, un "ataque directo" a los derechos de los trabajadores y sitúa en una situación de "indefensión" a los consumidores.

Así pues, señaló que la lucha contra el fraude "siempre es importante, y ahora lo es mucho más, no sólo en los aspectos recaudatorios, sino en aspectos de equidad, competencia y protección de derechos".

"El plan incide sobre todo en la prevención", añadió la ministra de Economía y Hacienda, para apostillar que el Gobierno espera "resultados importantes para conseguir más ingresos".

El plan, cuyo objetivo es dar respuesta a los cambios que ha experimentado la tipología del fraude como consecuencia de la crisis, especialmente en relación a la economía irregular y al trabajo no declarado, cuenta con tres ejes: la mejora de los sistema de captación de información, la puesta en marcha de acciones de control conjuntas y el diseño de actuaciones de recaudación coordinadas para mejorar su eficacia.

Así, incorpora, en primer lugar, instrumentos para la utilización compartida de la información disponible en la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, y prevé la creación de bases de datos conjuntas para incrementar la eficacia de la explotación de esa información. Además, viene a reforzar la cooperación internacional a través de la firma de nuevos convenios de doble imposición, la participación en programas europeos de intercambio de información y el impulso de una red europea de lucha contra el fraude.