El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón pidió este viernes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que no le suspenda en sus funciones tras la admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo de tres querellas en su contra, y que los vocales Fernando de Rosa, Margarita Robles y Gemma Gallego se abstengan en la toma de decisión sobre este asunto por la "enemistad manifiesta" que, a su juicio, le profesan.

En un escrito remitido hoy al órgano de gobierno de los jueces, en el que pide la recusación de estos tres vocales si participan en el debate sobre su futuro, Garzón recuerda que no existe "ningún antecedente" de que el CGPJ "haya suspendido a un magistrado-juez por la mera admisión de una querella cuando el Ministerio Fiscal no advierte indicios de la comisión de un delito y cuando el fiscal ha mostrado formalmente su oposición a la suspensión".

Garzón recuerda en su escrito que el vicepresidente del CGPJ, Fernando De Rosa, fue miembro del Gobierno de la Generalitat Valenciana que preside Francisco Camps, "persona de la cual se dedujeron indicios de delito" en la instrucción que desarrolló en 2009 sobre la 'trama Gürtel'.

Tras poner de manifiesto la "amistad íntima" y la "relación de servicio" entre Camps y De Rosa y el "interés personal" del vocal en este asunto, el juez recuerda que "lejos de guardar la debida prudencia a la que su nuevo cargo le obligaba", el aludido realizó "una desaforada defensa de su antiguo jefe", a quien calificó de "absolutamente honorable".

El magistrado también destaca la "enemistad profunda" que, a su juicio, le profesa Margarita Robles, ex secretaria de Estado de Interior, desde que ambos coincidieron en los años noventa en cargos del Gobierno de Felipe González. "Basta consultar las hemerotecas para recordar que para aquel entonces el Ministerio de Justicia e Interior mantuvo posturas encontradas con el Juzgado Central de Instrucción número 5", afirma tras recordar que en esa época instruyó casos como los de Roldán, los 'papeles de Laos', los fondos reservados o el GAL.

Hace un repaso a las tres investigaciones en las que está imputada y señala que la relacionada con su instrucción sobre las desapariciones durante la Guerra Civil y el Franquismo está impulsada por "grupúsculos de extrema derecha" y responde "exclusivamente a motivos ideológicos nutridos en los baluartes de las ideologías totalitarias".