Otr/Press / Madrid

El Tribunal Supremo admitió este jueves a trámite una tercera querella contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón presentada como acusador particular por el ex fiscal de este órgano y abogado de uno de los imputados del caso 'Gürtel' Ignacio Peláez, que considera que Garzón prevaricó y cometió un delito contra la garantía institucional de la intimidad al intervenir las conversaciones mantenidas por los tres presuntos cabecillas de la trama corrupta con sus abogados en prisión.
El abogado que ha presentado esta tercera querella descartó pedir la suspensión del juez porque no le desea "mal en lo personal".
La admisión de esta acción penal contra Garzón se sumaría a las dos que ya tramita el alto tribunal contra el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 por investigar las desapariciones del Franquismo y por sus cobros en la Universidad de Nueva York durante el año en el que permaneció en EE.UU durante un permiso de estudios.
El auto del tribunal, que designa como instructor de la causa al magistrado de lo Penal Alberto Jorge Barrero, afirma que en este momento "no existen razones suficientes (...) para excluir con toda certeza la hipótesis de la existencia de los delitos mencionados" por el querellante.
La resolución, de la que ha sido ponente el magistrado José Manuel Maza, aparece fechada el pasado 2 de febrero, si bien en una providencia posterior se señala que este dato es erróneo y que el documento fue firmado en realidad el miércoles, aunque no fue notificado hasta este jueves.
La Sala destaca como "extremos significativos" para la admisión a trámite de la querella el hecho de que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional limite las intervenciones de las comunicaciones de presos con abogado a los supuestos de terrorismo. También critica que el auto de Garzón ordenando las escuchas se refiriera a la "totalidad indiscriminada" de abogados del caso.
Peláez, que representa al imputado en el caso 'Gürtel' José Luis Ulibarri, destaca en su querella determinadas actuaciones de Garzón, a su juicio irregulares durante la investigación del caso, del que el magistrado de la Audiencia Nacional se inhibió el pasado 5 de marzo en favor del Supremo (en el caso de dos aforados nacionales) y los tribunales superiores de justicia de Madrid y Valencia.
El abogado comienza señalando que en este caso se incumplieron las normas de reparto de la audiencia nacional, pues las diligencias fiscales que originó el 'Gürtel' fueron remitidas directamente a Garzón alegando su conexión contra otra investigación preexistente (el denominado 'caso BBVA'), a pesar de lo cual el juez no abrió pieza separada sino unas diligencias independientes.
Además, Garzón habría tardado cinco días -entre el 27 de febrero y el 4 de marzo de 2008- en notificar a dos de los imputados cuyas conversaciones fueron intervenidas -Francisco Correa y Antonio Crespo-, que debían nombrar a otro letrado, al haber sido también imputado José Antonio López Rubal, que era el abogado que hasta entonces tenían nombrado.
Igualmente, según la querella, Garzón habría prorrogado la intervención de las comunicaciones en prisión el 20 de marzo de 2009, a pesar de que quince días antes ya se había declarado incompetente en esta causa e inhibido en favor de los tribunales superiores.