B.Rodríguez/Lanza
Ciudad Real
La Unión de Pequeños Agricultores (UPA)movilizó este martes a un millar de viticultores castellano- manchegos (muchos de Ciudad Real) y extremeños ante la sede de la Consejería de Agricultura en Toledo, para expresar su rechazo a las medidas incluidas en el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Agricultura, para la puesta en marcha de una norma de comercialización que alivie la situación de excedentes de vino de esta campaña, entre ellas la destilación obligatoria, y “pedirle responsabilidades” por las “consecuencias económicas” que va a suponer.
Al inicio de la concentración -que reunió a más de un millar de agricultores según UPA, y unos 300 según la Delegación del Gobierno-, el secretario general de UPA, Julián Morcillo, se quejó de la posición de otras organizaciones al no apoyarles y estar de acuerdo con la medida que ha propuesto el Gobierno de “regalar” el vino.
Que la decisión de la destilación obligatoria se vaya a posponer hasta septiembre no cambia las cosas para Morcillo, que explicó en declaraciones a Lanza que el mal en el sector ya está hecho: “No hay ningún cambio, hay una foto” [en alusión a la reunión del lunes de la consejera Soriano con un alto cargo del ministerio]”, “el ministerio no ha dicho que no vaya a aplicar una medida que a nuestro juicio se está aplicando desde el día 9, cuando ante el anunció de destilación la gente ha salido a regalar el vino”.
Morcillo ha concretado que el precio del vino hoy en día está en los 80 céntimos de euros el hectógrado cuando los costes de producción están en torno a los 2,40 euros “e incluso los agricultores tendrán que pagar por venderlo”.
El secretario general de UPA lamentó la posición que ha tomado en todo este asunto la Consejería de Agricultura, pues “debería de haber estado con el sector de agricultores y no al lado del ministerio”.
En este punto, ha incidido en que la medida que había aprobado el Gobierno regional sobre la destilación de crisis era “legal” pues se trata de una destilación para alcohol que “sí contempla las ayudas públicas hasta 53 millones de euros” y así compensar la renta de los viticultores y no dejarlos en la más tremenda ruina”, recordando que en la destilación obligatoria acordada ahora “el transporte del vino no es rentable y transformarlo cuesta dinero”, por lo que UPA ha pedido que la Administración “asuma una parte de ese coste”, según informa Europa Press.
Respecto a la respuesta de viticultores a la convocatoria de movilización Morcillo se mostró contento “habido una buena respuesta”, si bien cree que el sector en general no es consciente todavía de lo que se les viene encima, “lo sabrán cuando las cooperativas hagan las liquidaciones al final de la campaña”.
UPA señala que el viñedo en la región da trabajo a 100.000 viticultores, hay 70.000 familias que viven “directa o indirectamente” del sector y 38.000 puestos de trabajo fijos.
