Escribe Martín-Toledano que la sociedad se encontraría indignada y, a la vez, sorprendida con la tramitación parlamentaria de la derogación de la prisión permanente revisable instaurada desde el pasado año 2015, a la que se ha sumado Ciudadanos calificándola de “demagogia punitiva”. Pero la realidad parece indicar que el Partido Popular está intentando justificar a golpe de titular su particular política criminal-penal; dentro de un contexto, como el nuestro, en que esta política penal es de por sí a todas luces desproporcionada y alejada de los estándares centro- europeos en materia de Derechos Humanos.
La mayoría de las penas privativas de libertad en nuestro país tienen o cuentan con duración determinada y, aunque en su cumplimiento es posible el cambio de grado penitenciario, la mayoría de presos cumple la práctica totalidad de la condena en régimen cerrado (segundo grado) sin acceder, así , a la semi-libertad (tercer grado) , ni a la libertad condicional. La prisión permanente revisable es la única pena de prisión de nuestro ordenamiento jurídico que tiene una duración de carácter indeterminado; siendo posible, por ello y en la práctica, que la persona condenada pueda permanecer en prisión el resto de su vida si el Tribunal sentenciador no levanta dicha medida de prisión si no considera adecuada la evolución del reo en prisión.
Pero la realidad es que la prisión en nuestro país está lejos de suponer unas condiciones ideales en las que las personas puedan re-educarse y reinsertarse en la sociedad una vez hayan cumplido con las penas y responsabilidades a los que los Tribunales los hayan sentenciado, si los han considerado culpables. Más allá de las negativas condiciones reinantes en prisión, la clasificación grados penitenciarios es muy rígida en términos generales y regímenes como el primer grado (en el que se clasifican a los condenados por delitos más graves) son de una gran dureza, incluido también el segundo grado cuando se deniegan los permisos penitenciarios de salida. Hay personas clasificadas en primer grado que, debido al extremo grado de aislamiento (20 horas diarias dentro de sus celdas individuales, 24 horas al días, 365 días al año,…), han llegado incluso a mantener conversaciones con el W.C de su celda.
Aparte está la especial dureza de nuestro sistema penal en lo que se refiere a la duración de las penas de prisión; la cual viene desde bastante antes de la reforma del 2015. Dicha especial dureza corre un grave riesgo de producir en las personas privadas de libertad daños irreparables a causa del largo confinamiento en prisión. Se trata de unos daños psicológicos y neurológicos en su mayoría, a los que habría que sumar los que se tuvieran con anterioridad a la comisión del delito y a su ingreso en prisión. Porque hay que reconocer que, por lo general, las personas que se encuentran en prisión son personas a las que el sufrimiento, las experiencias traumáticas y el dolor que han experimentado en su vida (desde el acoso a la violencia, hasta el alcoholismo y las demás droga-adicciones) han sido claros condicionantes a la hora de haber delinquido.
Pero la realidad y la verdad no es que el Partido Popular defienda un rigor jurídico en su política criminal de carácter firme e inalienable y defensor por encima de cualquier otra cuestión de la vida y los bienes jurídicos asociados a ella sin distinciones, no. La reforma de 2015 operada por el Partido Popular en el Código Penal, por ejemplo, aunque sancionaba con la prisión permanente revisable los crímenes considerados de especial y mayor gravedad, venía a sancionar únicamente con la pena de multa a los homicidios producidos por imprudencia menos grave, y en contra de lo establecido con anterioridad por nuestro Derecho Penal. Este era el caso de los accidentes de tráfico que se producían por exceso de velocidad, por saltarse un semáforo o una señal de STOP, pisar línea continua, ir hablando por el móvil sin manos libres, etc. Dicha defensa sin ambages queda, como poco, sometida a condiciones.
Ahora bien, no es ni mucho menos un secreto que en el eje centro-derecha se ha abierto una clara batalla por la hegemonía, desencadenada y desatada fundamentalmente a raíz de las elecciones catalanas en Cataluña del 21-D y la victoria en votos de Ciudadanos, unida a la bajada en votos del Partido Popular. Es en este escenario en el que hay que enmarcar un nuevo ejercicio de demagogia y populismo punitivo a golpe de titular, de tantos como ha habido en nuestra historia desde la reforma del Código Penal del 95 que eliminó las redenciones de pena por trabajo y estudios, dejando una configuración de penas muy largas (aunque se aumentaron aún más hasta los 40 años con la reforma del año 2003) y en las que la progresión en grado penitenciario hacia una libertad futura no es ni mucho menos, como decimos, la regla general; sino más bien la excepcionalidad penitenciaria.
Pero el eterno problema de la política Penal es siempre que, aunque haya o existan penas de dureza excesiva o cruel contempladas en el ordenamiento jurídico (por ejemplo, la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte), no es nunca algo que implique de suyo una reducción de la tasa de delitos, y especialmente de homicidios ni asesinatos. El mejor ejemplo se puede encontrar en los EEUU, un país en los que hay una tasa muy alta de muertes violentas por arma de fuego y que, al tiempo, tiene un sistema penal de los de mayor dureza (en algunos Estados de EEUU continúa vigente la pena de muerte). Y donde EEUU se sitúa al mismo tiempo como el país que tiene la mayor tasa o ratio de personas presas por habitante.
La política criminal, en lugar de necesitar penas indeterminadas e inhumanas, necesita, por el contrario, de un buen y eficaz servicio policial y judicial, además de un nivel socio-económico general o universal aceptable y de una cierta normalidad social en la que ni las drogas, el alcoholismo, los malos tratos y la violencia sean o puedan ser el contexto en el que las personas queden o puedan quedar atrapadas sin solución. También se precisa de la conciencia ciudadana y social de que debe de haber tolerancia cero contra tales situaciones, junto a la certeza de que la impunidad sea siempre y en cualquier caso de carácter enteramente improbable.
Resulta claramente indicativo del nivel demagógico alcanzado con respecto a la política criminal, cuando como ahora se pretende hacer ver que la única herramienta posible para luchar contra la criminal y la delincuencia son penas cada vez más duras; al tiempo que se reduce el número de coches patrulla y el número de efectivos policiales a golpe de recorte presupuestario. También cuando nuestros Juzgados se encuentran literalmente atascados y la enorme lentitud procesal es manifiesta en la mayoría de los procedimientos judiciales, al tener una de las tasas de Juez por habitante más bajas de toda Europa.
Pero para ciertos partidos políticos todo parece quedar reducido a sacar a relucir y a ondear la bandera de la prisión permanente revisable mediante criterios de oportunidad política, para así poder decir que son ellos quienes meten a los delincuentes en prisión; para tirar, luego, la llave mediante la que podrían recobrar su libertad. Ninguna pena de prisión por dura que ésta sea podrá devolver la vida a los que ésta les fue vilmente arrebatada, ni reparar un daño tan grave como son
todos y cada uno de los delitos que cuentan con un resultado de muerte. Pero, a pesar de todo, las personas culpables de delitos más graves deberían de tener la misma condición de humanidad que sus delitos y crímenes consistieron en negar; y porque ser inhumanos con el que actuó de tal manera no nos conducirá ni a ser más justos, ni más humanos.
Así, pretender que, en un contexto de cada vez mayor carencia de medios tanto policiales como judiciales (con los que pueden dejar de investigarse y perseguirse delitos, e incluso puedan aumentar los errores judiciales), el endurecer e imposibilitar cada vez más la salida de prisión de los delincuentes sea la solución, solamente conduce al camino de la falsa idea o la falsa creencia de que ello proporciona una mayor seguridad. Porque es algo, que la existencia de tal medida no la ha podido otorgar desde su entrada en vigor en Julio de 2015 hasta la fecha.
