Parece que por fin el PSOE, como Saulo de Tarso, se ha caído  del caballo y va a poner en práctica algo que aprobó en su último Congreso y que le vienen demandando sus votantes: tratar a la iglesia como corresponde en un estado no confesional. Se trata ni más ni menos de que pague, como todos, el IBI, porque no resulta razonable que goce de unos privilegios absolutamente discriminatorios respecto a otras confesiones u organizaciones, e incluso a todos los ciudadanos.
Para seguir manteniendo sus prebendas, el Presidente de los obispos, monseñor Rouco, ha destapado la caja de los truenos amenazando con reducir sus aportaciones a Caritas, pretendiendo hacernos a todos culpables de la posible desatención a los más necesitados. Olvida el prelado que dicha organización recibe subvenciones directas del estado y que la aportación que la Conferencia Episcopal dedica a su mantenimiento asciende  sólo al 0’8 % de su presupuesto, según fuentes de la misma.
Tampoco hay que extrañarse demasiado de actitudes como la descrita. Con la “santa desvergüenza” que seguramente aprendió de ese Marqués, elevado a los altares con urgencia por el papa amigo del Opus, no se recata en apoyar las declaraciones homófobas del obispo de Alcalá o la peregrina idea de que cuando una institución, léase el Ayuntamiento de la ciudad de los libros, critica su doctrina, ataca a la división de poderes iglesia-estado –de la que en esta ocasión sí se acuerda- y supone un ataque a los derechos humanos. O sea, que tales derechos son atacados cuando se critica a la iglesia y no cuando
la jerarquía católica lo hace con otra institución laica.
Total que, además de lo que tenemos encima (crisis, recortes, paro…), nos encontramos con actitudes nada edificantes de estamentos que debían ser ejemplares. Y es que entre banqueros, mitrados, togados y coronados, que convierten a los denostados políticos en monjes franciscanos, estamos “apañaos”.