Aristóteles, en su Política, 1317b17-18 a3, considera rasgo de la Democracia pagar la participación política a fin de que todos los ciudadanos, independientemente de su posición económica, puedan dedicar su tiempo a esta labor. Ahora bien, el salario devenido de la actividad política, del servicio público por elección popular, sólo puede cubrir dos objetivos: la manutención del político y que la actividad política no cause perjuicio económico a quien la desarrolle. Sin embargo, la actividad política no puede conllevar jamás el enriquecimiento privado a través del salario “político”. La paga “política” (misthós) sólo debe responder al mínimo vital. La tentación del enriquecimiento personal no puede llevar a nadie a administrar los asuntos de todos. La política es una vocación y si el sueldo del político se convierte en un señuelo tentador, la propia Democracia está perdida.
Es verdad que si las Administraciones Públicas tuviesen una “ética empresarial”, dado los gigantescos presupuestos de dinero público que gestionan, tendríamos que decir que desde los concejales a los ministros del Gobierno, están muy mal pagados. Pero las instituciones públicas no se levantan sobre una ética empresarial. Como dice, Michael Oakeshott, el servicio público de los políticos descansa sobre una ética civil, y sus prácticas son siempre morales; al contrario de la empresa, que descansa sobre una ética prudencial, y sus prácticas son instrumentales. Esto es, nuestros políticos no pueden tener el perfil de altos ejecutivos de la empresa.
Traemos esto a colación del debate político que se ha generado tanto en Valdepeñas como en el territorio de Castilla-La Mancha en relación a los sobresueldos y privilegios económicos que algunos políticos pretenden disfrutar. Nos ha parecido muy bien – una verdadera victoria – que en lo que atañe al Gobierno de Castilla-La Mancha se haya dado marcha atrás respecto a los privilegios fuera de toda razón que iban a tener los consejeros de Podemos que van a entrar en la nueva remodelación de gobierno llevada a cabo por Page. Ha sido un triunfo sindical, apoyado por la sociedad civil que nuestro Partido también representa. Pero lo que nos indigna es que el Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas diga ahora que de lo que se trataba era de abordar los progresos en la carrera profesional de aquellos funcionarios que han ocupado altos cargos en el Gobierno. Este pensamiento es una aberración, pues entraña que la carrera profesional de los funcionarios no sólo es paralela a la carrera política, sino que pueden ser intercambiables. Éste es un concepto monstruoso, ajeno por completo a la democracia liberal, en cuanto que pone a la función pública al albur de los triunfadores políticos, convirtiéndola en una mera propiedad – o mejor, en un botín – del partido político que gobierna. Más aún, clasifica a los funcionarios: aquellos que no pertenecen a ningún partido político y que, por tanto, su carrera profesional no va a estar tachonada o festoneada de hazañas políticas, y aquellos otros que son miembros de partidos, y cuyos éxitos políticos van a ser reconocidos como méritos profesionales en su carrera funcionarial. El asunto es tan grave que este insano pensamiento debe ser rechazado por la entera sociedad civil para bien de las Administraciones Públicas y la Democracia.
