La minería es un sector estratégico para Europa y España y, dados los resultados de empleo y exportación obtenidos, también lo es para Andalucía. A estos efectos, podemos destacar, el Dictamen del Consejo Económico y Social Europeo sobre “La minería no energética en Europa” (2009/C 27/19), en el que expresamente se indicaba que el 70% de la industria europea depende de las sustancias minerales, siendo imprescindible el desarrollo de una política industrial que garantice el abastecimiento de estas sustancias.
Esta minería estratégica a que se refiere el Consejo Económico y Social Europeo, es la minería sostenible del siglo XXI, que sólo puede desarrollarse si resulta viable no sólo desde una perspectiva técnica y económica, sino también desde un punto de vista social y medioambiental. Durante los últimos 30 años, ésta ha sido precisamente la orientación para el desarrollo de las normativas ambientales, sectoriales y mineras, tanto comunitarias como nacionales. Y, precisamente, este desarrollo ha ofrecido a las Administraciones instrumentos adicionales para la aplicación de los principios de precaución, prevención, corrección y compensación, entre otros, que hacen viable el desarrollo de explotaciones mineras con su sostenibilidad.
No obstante, cada vez es más frecuente encontrarnos con noticias que reflejan la proliferación de plataformas en contra de nuevos proyectos mineros. Si analizamos sus puntos comunes, en primer lugar, encontramos un mensaje apocalíptico dirigido a generar alarma en la población al amparo de unos supuestos valores ecológicos. A éste se unen los juicios de valor para provocar la desconfianza tanto en la compañía minera como en las Administraciones. A continuación, se apela a los sentimientos de la población para tratar de evitar a futuro cualquier tipo de debate. Y, finalmente, ante la sensación de alerta y desprotección generada, la plataforma se autoerige como portavoz de los intereses populares.
Es evidente que estos grupos gozan de una extraordinaria relevancia mediática, más allá del rigor técnico de sus argumentos, y significan un serio obstáculo para el desarrollo de nuevos proyectos. Llegan a constituirse en una nueva forma de poder, que ejerce presiones sobre las administraciones intervinientes y, principalmente, sobre las administraciones locales.
Esta situación es una clara manifestación del fenómeno NIMBY (Not In My BackYard, no en mi patio trasero). Esta noción del NIMBY se manifiesta como una tendencia a poner barreras al cambio y al desarrollo y en la que también subyace un componente importante de insolidaridad. Volviendo al sector minero, vemos como ninguna de estas plataformas predica el abandono del uso de los minerales. Ninguna mención a prescindir de móviles, vehículos, electricidad… Prevalece la demagogia pseudo-ecológica sobre valores consolidados de la UE.
Frente a estas posiciones NIMBYs, debemos destacar el estudio desarrollado por el Banco Mundial sobre el papel creciente de los minerales y metales en un futuro con reducción de carbono (“The Growing Role of Minerals and Metals for a Low Carbon Future”, June 2017). En él se parte de que los escenarios de cambio climático y reducción de gases con efecto invernadero, no han prestado atención alguna sobre la demanda de minerales que generará el cumplimiento de los objetivos de reducción de carbono. Considerando unas tecnologías específicas así como tres escenarios diferentes en función de lo exigente de sus objetivos, el estudio analiza la demanda global de minerales para cumplir estos objetivos. El resultado arroja que la demanda de minerales como el litio, cobalto, cobre, tierras raras, molibdeno o manganeso podría incrementarse hasta un 1000%.
De acuerdo con ello, el desarrollo sostenible de nuestra sociedad va a seguir dependiendo de la obtención de sustancias minerales y de la minería. Esta minería ha de ser sostenible y ha de desarrollarse donde se ubiquen los minerales y, preferentemente, allí donde resulten de aplicación los exigentes estándares ambientales de que gozamos los estados de la UE. La UE no puede permitirse la proliferación de plataformas que primen sentimientos territoriales insolidarios y demagógicos sobre un objetivo de desarrollo sostenible con el objetivo de desplazar las explotaciones mineras a sociedades económica y ambientalmente menos desarrolladas. Por tanto, no podemos compatibilizar el desarrollo sostenible con posiciones como las que se basan en los NIMBYs, al menos Not in Our BackYard.
Antonio García Muñoz es Socio Director del área especializada en el sector minero de Lener (www.lener.es)
