Afectados de la Cooperativa Tierra de Calatrava reclaman casi 8 millones al Estado por responsabilidad patrimonial

El bufete de abogados Iuris Tamtum, que representa al Ayuntamiento de Miguelturra y a 201 afectados en el caso de la Cooperativa Tierra de Calatrava, anunció que pedirá al Banco de España una cantidad de 8 millones de euros en concepto de “responsabilidad patrimonial del Estado”.
Iván Hernández, representante del bufete, informó que tras iniciar en su momento los procedimientos penal y concursal, el pasado 4 de enero se presentó en el Ministerio de Economía de Hacienda y en el Banco de España la solicitud de responsabilidad patrimonial del Estado por no supervisar las operaciones del Banco Santander dentro de la Sección de Crédito de la cooperativa.
La solicitud se realizó el pasado 4 de enero antes de que finalizará el plazo de un año para realizar esta petición, que comenzó el 13 de enero de 2009 cuando el Banco Santander retiró la cuenta de barrido que mantenía con la Sección de Crédito.
La reclamación del bufete de abogados se fundamenta en tres puntos. Primero denuncia que el Banco de España, entidad encargada de supervisar toda actuación de captación de ahorro público, no supervisó, inspeccionó, ni erradicó esta actividad de captación realizada por una entidad no autorizada.
Aunque las secciones de crédito sólo pueden prestar servicio a sus socios, en la Cooperativa Tierra de Calatrava también permitieron la apertura de cuentas y la realización de operaciones financieras con personas ajenas a la cooperativa.
El segundo fundamento de la reclamación es que “la actividad de captación de ahorro público efectuada por la Sección de Crédito se realizaba mediante una oficina abierta al público bajo la apariencia de ser una sucursal de Banco Santander, cuando la realidad es que la vinculación era de agente colaborador, circunstancia que no se publicitaba y que no conocían los clientes”.
En este punto, en su escrito al Banco de España, el bufete de abogados explica que existía un cajero de Banco Santander, que se usaban sus sellos, su sistema operativo, entre otros elementos.
El último fundamento de la reclamación es que el Banco Santander estableció formalmente la relación con la sociedad cooperativa a través de un contrado de agente colaborador que se mantuvo vigente desde el año 2000 hasta el 2007. En ese momento se sustituyó dicho contrato por otro suscrito entre el banco y María del Carmen Vargas Sánchez, jefa de la Sección de Crédito, aunque según la reclamación, “se ha reconocido que dicho contrato era tan solo apariencia, pues en realidad el agente colaborador seguía siendo la cooperativa.
Tras presentar la reclamación, Hernández informó que el Banco de España debe contestar. Si no responde o lo hace de forma negativa, el siguiente paso es recurrir al Tribunal Supremo.
Por último, Hernández, que compareció ante la prensa junto al alcalde de Miguelturra, Román Rivero, explicó que la decisión de la Audiencia Nacional de rechazar la responsabilidad patrimonial del Estado para los afectados de Fórum y Afinsa “es buena” para sus representados.
Y esto porque, al contrario que en el caso de Fórum y Afinsa, “nadie puede negar que se realizaba actividad financiera” ni que el Santander en la cooperativa de Miguelturra “actuaba como un banco”.