Ecologistas en Acción pide a la Junta que garantice el derecho al medio ambiente

Lanza Alcázar de San Juan
Ecologistas en Acción defiende más políticas activas para la protección del medio ambiente / Clara Manzano

Ecologistas en Acción defiende más políticas activas para la protección del medio ambiente / Clara Manzano

Los ecologistas piden un “impulso verdadero” a las políticas ambientales frente a la caza y la agricultura y ganadería intensiva

Ecologistas en Acción ha exigido este fin de semana a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que garantice el derecho al medio ambiente ante “los abusos de la caza, las macro-granjas porcinas, las emisiones de industrias contaminantes y los proyectos mineros”.

La organización ha celebrado en Alcázar de San Juan su reunión anual de representantes de federaciones provinciales y grupos, un encuentro relevante ya que consideran que “se han multiplicado y agudizado los conflictos y cuestiones medioambientales sin resolver que preocupan a la ciudadanía de Castilla-La Mancha”.

En nota de prensa, los ecologistas han señalado que el derecho al medio ambiente en Castilla-La Mancha se encuentra “afectado muy severamente”, y que el Gobierno actual debe movilizarse en todos los ámbitos para garantizarlo.

La defensa del derecho al medio ambiente, bajo la perspectiva de Ecologistas en Acción, pasa por políticas activas de protección del medio rural, la lucha contra la contaminación y el cambio climático, la educación ambiental y la gestión sostenible de los recursos naturales, además de hacer frente

Ecologistas en Acción, que a lo largo de los próximos días trasladará al Gobierno sus solicitudes y comenzará una ronda de reuniones para “rebajar la tensión en el medio rural”, recuerda a PSOE y Podemos que no olviden el derecho al medio ambiente y su relación con otros tan importantes como el de la salud, el de la educación o incluso el del trabajo. De hecho, acusan a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de “falta de iniciativa”.

La organización reconoce que “se están dando importantes batallas contra el ATC de Villar de Cañas, el trasvase Tajo-Segura o el fracking”, pero señalan que no se afrontan igual los compromisos con la defensa del medio ambiente que son responsabilidad exclusiva de la comunidad autónoma.

“El Gobierno de Page no ha podido o no ha querido afrontar el rescate ambiental que precisa la región”, afirman. Así pues, Ecologistas en Acción indica que “para colmo los recortes presupuestarios del 40% acumulados en la crisis permanecen vigentes”, que limitan al mismo tiempo la capacidad de actuación.

Los ecologistas advierten sobre “el frente anti-ambientalista”

Ecologistas en Acción advierte que la situación ambiental actual en Castilla-La Mancha es “muy preocupante”. Con la complicidad de una fuerza política opositora que “irresponsable y demagógicamente” combate todo lo que huele a protección del medio ambiente o a defensa animal, los ecologistas apuntan que “se ha alimentado un frente radical anti-ambientalista y anti-animalista que intenta bloquear cualquier avance y que tiene acobardado al Gobierno”.

Así pues, Ecologistas en Acción hace referencia al lobby cinegético y agrícola, al que se han sumado “pro-especies invasoras- pro-taurinos y pro-circos” con animales. A su juicio la “Alianza Rural” amenaza con quebrar la convivencia entre lo rural y lo medioambiental, lo rural y lo urbano.

La organización además señala el papel impulsor en esta organización estatal de entidades castellano-manchegas como Aproca, con la tapadera de la Fundación Artemisan, Asaja y las Federaciones de Caza y Pesca, entre otras.

Aparte de esta cuestión, Ecologistas en Acción considera de especial gravedad el retraso y la limitada reforma de la ley de caza, la mala resolución de los conflictos con el plan de gestión de las ZEPA de aves esteparias, con la orden de vedas, con los conejos o con la agricultura ecológica, el impulso a las macrogranjas porcinas y a la valorización, incineración y depósito de residuos, así como la falta de resolución del expediente de impacto ambiental del proyecto de explotación de tierras raras en el Campo de Montiel.