Según la representante del PSOE en Alcázar de San Juan, Ana Isabel Abengózar, “no se puede entender que quien grita que quiere que la empresa de Aguas vuelva a ser pública, ante una nueva vía que se abre, se abstenga”. Además, ha añadido sobre la formación que “mucho populismo, mucho eslogan fácil, mucho grito en la calle pero a la hora de remangarse, trabajar y pronunciarse, se abstiene como hizo ayer en el pleno”.
Tras el pleno extraordinario celebrado este martes, ha quedado aprobado el inicio de expediente por lesividad por la gestión mixta de la empresa ya que se alega que se realizó contraviniendo una norma vigente del Reglamento de Suministro de Servicios de Aguas de Alcázar.
“No puedes cambiar y adjudicar una gestión en contra de lo que dice tu reglamento, si el reglamento de 2003 dice que el suministro de agua pública lo debe hacer el Ayuntamiento a través de una empresa 100% pública, no puedes adjudicarle a un socio privado ese suministro de agua”, ha indicado el Secretario de Comunicación del partido, Miguel Ángel Martínez.
Por otra parte, continúan abiertos los procesos iniciados por Gonzalo Redondo que pide impugnar la resolución del Consejo Consultivo de CLM por falta de unanimidad, y el interpuesto por la ex concejala Ana Belén Tejado cuya sentencia ha sido recurrida por Aqualia al Tribunal Supremo.
En el último de los casos, Martínez ha señalado que “los tiempos del Tribunal Supremo son bastante amplios, solo para que decida si acepta o no esa acta de apelación, tendría que pasar en torno a un año. Si la acepta, que va a ser lo más probable, hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie, pasan una media de 4 o 5 años”.
Según el Secretario, desde Equo se ha apostado por este proceso, hecho que ha indicado no entender ya que, en su opinión, se trataría del “más lesivo” para la localidad. “Hagan sus cuentas con los famosos 3.000 euros que dice Equo que se lleva Aqualia todos los días, al año, son un millón de euros, por cinco o seis años que puede durar el proceso, son seis millones de euros”.
Desde el PSOE se ha señalado que la nueva vía de la lesividad supondría el menor coste para el Ayuntamiento que vería resuelto el proceso en torno a un año, además de anular la posibilidad de recurso por parte de Aqualia, lo que facilitaría la resolución del conflicto y el cambio de modelo de gestión de Aguas de Alcázar que actualmente es mixto.
