Ángel M. Ramos, el promotor que se enfrentaba a hasta doce años y medio de cárcel por los delitos de estafa, alzamiento de bienes y administración desleal, al no haber concluido un residencial en Carrión de Calatrava, ha sido absuelto por la Sección Primera de la Audiencia Provincial.
Según la sentencia, a la que ha tenido acceso lanzadigital.com, el hecho que impidió la continuación de la promoción ‘Puerta de Carrión’ se debió, según el Tribunal, a la falta de financiación bancaria, por lo que no ve acreditados los delitos de los que se acusaba al procesado.
El tribunal entiende que “no estamos sino ante el fracaso de una promoción inmobiliaria, sin que se hayan acreditado las causas reales del mismo”.
Igualmente, argüye que fue “la pérdida del crédito” la que impidió la continuación de la obra, dado que Bankia, que fue la entidad que le concedió un crédito, ejecutó a primeros de 2019 la liquidación del mismo por el impago de las cuotas de amortización desde septiembre de 2009.
De la misma manera, el hecho de transferir en ese mismo mes 20.800 euros entre dos sociedades de la que el acusado era titular “no puede justificar sin más” la comisión del alzamiento de bienes, sobre todo cuando el propio acusado, según el auto, declaró que la empresa que recibió el dinero actuaba como constructora, lo que para el tribunal “sería un traspaso de fondos desde la promotora hacía la constructora”.
Los hechos denunciados comenzaron en 2006 cuando el acusado vendió sobre plano a Jaime Vera, que se personó en el juicio contra el promotor, una de la viviendas del residencial y le entregó 27.045 euros y más tarde, en 2009, otros 8.313 euros, antes de hacerse con escritura pública y la subrogación de su correspondiente hipoteca, tal y como hizo con hasta 48 compradores.
Ramos, en su comparecencia en el juicio celebrado el pasado 13 de junio, dijo que se vio obligado a transferir dinero de unas empresas a otras “para poder terminar la obra”, de la que él pensaba que había mas porcentaje construido del que le informaban sus asesores técnicos.
También lamentó que “por tres recibos sin pagar” en octubre de 2010 un juzgado dictara la adjudicación de sus bienes a favor de Bankia por un importe de 3,3 millones de euros tras la demanda interpuesta por esta entidad en marzo de ese año.
