La avalancha de demandas que preveía el sector judicial al crear juzgados especializados en cláusulas suelo, uno por provincia, se ha producido. Unas 700 de toda la provincia han llegado al de Ciudad Real, el juzgado de instrucción y primera instancia número 4, que asumió las competencias el 1 de junio.
Este juzgado, que también es el único competente en asuntos mercantiles en la provincia, ha tenido que hacer frente a esta nueva encomienda con una jueza en prácticas de refuerzo (llegó en julio), que será sustituida por otro juez en breve, pero ningún funcionario más. Sólo se paga la prolongación de jornada voluntaria a dos de los empleados con los que ya cuenta el juzgado.
La medida es insuficiente para sacar el trabajo adelante con agilidad -objetivo de la creación de las especializaciones- por lo que los sindicatos reiteran su petición de refuerzos de plantilla y no descartan movilizaciones este otoño para exigirlas.
900 asuntos civiles por año
La media de entrada anual de asuntos civiles en juzgado de instrucción y primera instancia (mixto) en Ciudad Real es de unos 900, lo que da idea de lo que significan 700 demandas por cláusula suelo en tres meses, añadidas al trabajo ordinario del juzgado, y las que están por venir.
No obstante el juzgado está intentando cumplir con las directrices del Consejo General del Poder Judicial y va a celebrar las primeras audiencias previas este mes (ya están señaladas las primeras vistas).
En las audiencias se fija el objeto del litigio, las partes proponen prueba y el juez admite las que considera procedentes para resolver el pleito planteado. Si las partes proponen solo prueba documental, el asunto quedaría ya visto para sentencia. En caso contrario, es necesaria la celebración de juicio.
Lo que está sucediendo en Ciudad Real es general en todo el país. A fecha 21 de julio ya eran más de 1.600 las demandas que habían entrado en los cinco juzgados de cláusulas suelo de la región, según datos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
El Poder Judicial aprobó este invierno un plan de urgencia para hacer frente al previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016 en relación con las cláusulas suelo.
El plan está inicialmente en vigor del 1 de junio al 31 de diciembre de 2017, pero puede prorrogarse en caso necesario, como parece que será.
“En cuanto tengamos los datos exactos exigiremos los refuerzos”, dice Carmen Romero, presidenta de la Junta de Personal de Justicia.
Los sindicatos que se han planteado que para sacar adelante las reclamaciones por los abusos de los bancos sería necesario un letrado de la administración de justicia de apoyo y al menos dos tramitadores.
