La falta de pago de la renta o de otras cantidades económicas (como las fianzas) pactadas en los contratos de arrendamientos urbanos concentraron en la provincia casi el 100% de las sentencias dictadas en 2016 a raiz de los litigios presentados entre arrendatarios e inquilinos.
En total fueron contabilizadas 60 resoluciones judiciales por estos incumplimientos respecto al total de 64, dos menos que en 2015.
De la cifra global, más del 81% (52) fueron por denuncias en acuerdos de alquileres de viviendas, y el resto (12) fue referido a inmuebles con arrendamiento para uso distinto a viviendas, como los locales.
Igualmente, según la Estadística de Arrendamientos Urbanos publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 38 casos se estimó la demanda totalmente, más de un 20% por debajo de las 49 de 2015 y se correspondió al total de las demandas por arrendamiento con rentas de viviendas presentadas.
Igualmente, otras 14 denuncias se valoraron en parte, mientras que fueron desestimadas las otras 12 restantes.
De los 53 autos por impagar la cantidad acordada en el caso de los pisos de su uso habitual, 48 fueron estrictamente por esta causa, y cinco por otro tipo de incumplimientos de entrega de cantidades, mientras que cuando son inmuebles para uso distinto a la vivienda, las doce sentencias se debieron a la falta de pago de la renta.
La última Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 2015 daba más cobertura al incentivo viviendas en régimen de alquiler para equilibrar el mercado inmobiliarioy reducir los niveles de pisos vacíos.
Decretos
De otro lado, la estadística del INE, en base al convenio de colaboración suscrito con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ofrece información sobre el número de decretos -desde 2012- publicados, clasificados según el tipo de transmisión.
En este tipo de resoluciones judiciales (providencias), que no fallan sobre los incidentes, sino que informan sobre el proceso u ordenan la ejecución de una decisión judicial, sólo son posible como causa del litigio la falta de pago de la renta o cantidades vunculadas a ésta.
En concreto, en el año 2016 en la provincia fueron contabilizados 275 -doce más que en 2015-, de los que 224 eran de alquiler de casas y los otros 51 de locales y otros usos.
Del total, el 52%, es decir 143, fue por terminación por entrega de la posesión, otros 98 por archivo de la demanda, en 14 casos por enervación del desahucio (cuando el inquilino paga o consigna las cantidades adeudadas, pone fin al juicio y se rehabilita la vigencia del contrato de arrendamiento, y de los otros 19 no consta.
