La Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) cifra en un 80% el seguimiento de la huelga de examinadores de este miércoles 21 de junio, con más de 6.000 pruebas suspendidas en toda España. Esta es la cuarta jornada de huelga del colectivo -tras la del pasado 2 de junio y las del lunes y martes, 19 y 20 de junio, respectivamente-.
De este modo, más del 75% de trabajadores han secundado los paros de esta semana, que han provocado la suspensión de unas 19.000 pruebas (unas 7.000 el lunes, y unas 6.000 tanto el martes como el miércoles), según han informado a Europa Press fuentes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que apoya los paros convocados por Asextra.
Desde la DGT han señalado a Europa Press que el seguimiento de la huelga en la jornada de este miércoles en un 72% que, como han especificado, “ha sido muy desigual en todo el territorio nacional”. Este dato iguala al del 20 de junio, cuando también se alcanzó el 72%, y es similar al de los paros del 19 de junio, cuando fue secundado por un 74%. El primer día de paros, el 2 de junio, la DGT cifró el seguimiento en un 90%.
El motivo de la huelga, según recordó CSIF, es reclamar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados hace ahora dos años en materia de contenidos retributivos de los examinadores y de las medidas de seguridad en la entrega de resultados. En 2015, estas reclamaciones llevaron a la convocatoria de una huelga de 29 días que, sin embargo, fue desconvocada al alcanzarse un acuerdo entre la Dirección General de Tráfico (DGT) y examinadores.
A estos incumplimientos se suma, según explican, la “asfixiante falta de examinadores” que, según los huelguistas, “pone en riesgo” la viabilidad del servicio de exámenes prácticos de conducir.
Por comunidades autónomas, Asextra asegura que las jefaturas de Albacete, Asturias (Oviedo), Castellón, Ciudad Real (ha perdido cinco examinadores en dos años por jubilación), Cuenca, Gipúzcoa, Huelva, Jaén, La Rioja, Lugo, Málaga, Ourense, Palencia, Salamanca, Soria, Teruel, Toledo, Cartagena, Gijón, Ibiza, Lanzarote, Santiago y Vigo han tenido un seguimiento del 100%, por lo que no ha habido exámenes.
Un 90% de seguimiento ha tenido la huelga en las jefaturas de Almería, Barcelona, Vizcaya, Burgos, Cantabria, Guadalajara, Huesca, León, Murcia, Navarra, Segovia, Tenerife, Zamora, Zaragoza, Alzira (Valencia) y Sabadell (Barcelona).
Igualmente, las jefaturas con seguimiento de huelga de más del 80%, según Asextra, han sido las de Álava, Ávila, Cáceres, Valladolid y Alcalá de Henares (Madrid), mientras que los examinadores de A Coruña, Córdoba, Gerona, Las Palmas, Lérida, Madrid, Pontevedra, Sevilla, Tarragona y Valencia han secundado la huelga en un 70%.
Finalmente, en Cádiz y Granada la huelga ha tenido un seguimiento del 60% y en Alicante este porcentaje ha sido del 50%. En las jefaturas de Badajoz y Baleares no se ha secundado la huelga, según informa la asociación.
“Hoy día 21, los datos de seguimiento son muy parecidos a días anteriores con más de 6.000 pruebas suspendidas en toda España”, resume Asextra, que recuerda que las huelgas continuarán el próximo lunes día 26 y seguirá todos los lunes, martes y miércoles hasta el 31 de julio.
Militares en puestos de examinador
La Mesa Delegada de Tráfico, integrada por la DGT y sindicatos con representación, se reunió el martes, 20 de junio, para analizar la situación de los examinadores y la posibilidad de incorporar personal militar para cubrir estos puestos.
Durante la reunión, la DGT ofreció a los sindicatos ampliar la plantilla actual de examinadores, de 750 personas, con 100 adicionales, procedentes del personal de tropa y marinería del Ministerio de Defensa. Fuentes de Asextra ya adelantaron a Europa Press la semana pasada que la DGT negociaría con el Ministerio de Defensa la incorporación de personal de tropa y marinería al puesto de examinador.
Durante la reunión de este martes, la DGT también ofreció a los sindicatos la creación de una escala específica de personal examinador, según dio a conocer la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que valoró la creación de esta escala (en la actualidad no existe y los funcionarios acceden al puesto de examinador a través de un curso interno) porque podría acceder personal de fuera de la Administración por oposición libre y “se aleja el fantasma de la privatización”.
