La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha sentado este martes en el banquillo a un total de nueve hombres y mujeres de entre 21 y 45 años para los que la Fiscalía solicita, en su conjunto, un total de 38 años de cárcel por tráfico de drogas en Manzanares. En el juicio, a preguntas del Ministerio Fiscal y de los dos abogados de la Defensa, todos han negado que se dedicaran a la venta de sustancias estupefacientes. Además, seis de ellos han declarado que son grandes consumidores de droga y han asegurado que la mercancía aprehendida en sus domicilios, situados en las calles Orden de Calatrava y Callejón de la Hoz, por la Guardia Civil, cannabis, marihuana y cocaína, el 25 de noviembre de 2016, era para consumo propio.
Como cuestión previa, y antes de iniciarse el interrogatorio de los nueve acusados, dos de ellos en prisión por estos hechos desde noviembre de 2016, los dos abogados defensores han puesto en duda que el proceso de incautación de las diversas sustancias se haya llevado a cabo con las debidas garantías ya que, tal y como han explicado en el juicio, a lo largo de todo el proceso “se fue variando todo”, desde las sustancias intervenidas, cantidades y hasta el tipo de recipiente en el que se encontraban.
Así, según uno de los abogados, el atestado de la Guardia Civil recoge que en el registro realizado en la vivienda situada en el Callejón de la Hoz se incautaron 90 dosis de marihuana con un peso de 88 gramos, “que según el Ministerio Público se transforma en 112,6 gramos”.
“Llama la atención, sobre todo, los ocho botes de cristal encontrados por la Guardia Civil en un trastero de la vivienda situada en la calle Orden de Calatrava que contenían en su interior 94 gramos de marihuana según el atestado de los agentes. En el escrito del Ministerio Fiscal esa cantidad se ha transformado de 94 gramos a 607 y de cannabis, es mucha la diferencia”, ha explicado.
Igualmente, ha destacado que la sustancia que contenían esos tarros de cristal “fue enviada al laboratorio en una bolsa de plástico con autocierre que contenía sustancia vegetal triturada” y se ha preguntado porque lo que estaba en un tarro de cristal pasó a estar en una bolsa, poniendo así en duda la fidelidad de la custodia de las sustancias enviadas al laboratorio y el propio informe analítico.
Interrogatorio
Tras esta cuestión previa se ha procedido a tomar declaración a los nueve acusados para los que el Ministerio Fiscal solicita penas que oscilan entre los dos años y medio y los seis de prisión, en función del tipo de sustancia con la que traficaban y su impacto en la salud.
Los nueve han insistido en que ninguno de ellos se dedica a la venta de droga y los seis que son consumidores han reconocido tener en sus viviendas casi 90 dosis de marihuana, que habían adquirido unos días antes del registro, para su consumo propio porque, tal y como han asegurado, casi todos son “grandes consumidores diarios”.
Además, uno de ellos ha reconocido ser el propietario del paquete de bolsitas de plástico, dos picadoras de marihuana y una báscula de precisión incautados también por la Guardia Civil, insistiendo en que todo este material era para uso propio.
En cuanto a las joyas y el dinero incautado, su propietario ha asegurado que el dinero procede de su trabajo como mecánico en Francia y que las joyas eran regalos a su mujer tanto de él mismo como de su madre que reside en Marruecos.
Testigo protegido
Tras los interrogatorios de los nueve acusados se ha tomado declaración a un testigo protegido que la ha prestado por video-conferencia, un varón que ha asegurado haber comprado marihuana, cinco días antes del registro efectuado por la Guarda Civil, en la calle Callejón de la Hoz número 13, una bolsita que se la vendieron, a través de una ventana, un hombre y una mujer “y que la sacaron de un tarro de cristal”.
A lo largo de este miércoles finalizará el juicio que se está celebrando en la Audiencia Provincial con las periciales.
Los principales acusados son A.C.M., para quien piden seis años de prisión, así como I.R.R. y C.R.A., para quienes solicita cinco años de cárcel. En los tres casos, la fiscalía pide 10.442 euros de multa.
Asimismo, piden cuatro años y medio de cárcel y multa de 1.400 euros para F.C.M.; cuatro años de prisión M.C.M., A.M.M. y B.C.M., y multas de 1.400 euros para cada uno de ellos; R.A.O. tres años de prisión y dos años y medios de prisión para M.C.F, en todos los casos por un delito de tráfico de drogas que no causan grave daño a la salud, aunque con distinta implicación en la organización y reincidencia en los casos de A.C.M. y F.C.M.
