La junta de pesonal de justicia de Ciudad Real exige al ministerio que la creación de un nuevo juzgado con carácter provincial “específico y exclusivo” -aclaran- para cláusulas suelo y acusan al ministro Rafael Catalá de incumplir su compromiso con el Consejo General del Poder Judicial.
Dicen que el ministro se comprometió a crear juzgados exprofeso para las reclamaciones hipotecarias, cuando en realidad lo que se ha hecho es sobrecargar de trabajo a órganos judiciales que ya existen.
Lo mejor para el Ministerio de Justicia y la banca
“A día de la fecha se vuelve a ignorar a todos ellos y a los representantes de los trabajadores y se opta por la solución más beneficiosa para el ministerio y la banca, y más perjudicial para los ciudadanos afectados”, dicen en un comunicado.
“Lo que han hecho es adjudicar los asuntos por clausula suelo a órganos judiciales ya creados y previamente saturados de otros asuntos”, remata Carmen Romero, presidenta de la junta de personal en Ciudad Real.
En la provincia la tramitación de estos asuntos ha recaido en el juzgado de instrucción y primera instancia número 4 de Ciudad Real, con competencias en lo Mercantil, ya de por sí saturado.
Como “refuerzo” (los sindicatos no lo ven así) se compensará la ingente actividad con el apoyo de una jueza en prácticas que se incorpora oficialmente el 1 de julio y la prolongación de jornada de dos de los funcionarios que ya tiene. “Eso no es nada, exigimos personal y que se creen juzgados con plantilla”, remata Romero.
La junta de personal lamenta que sean los funcionarios destinados en estos órganos los castigados, “que además de realizar la tramitación de sus negociados ya sobrecargados, se hagan cargo de estas demandas”.
Lo que vaticinan en apenas unos meses es un nuevo colapso, como si en realidad no hubiera voluntad de que estos asuntos prosperen.
El Poder Judicial aprobó en mayo el plan de urgencia en el que se empezó a trabajar en el mes de febrero para hacer frente al previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016 en relación con las cláusulas suelo. Se supone que ese plan recomendaba crear juzgados y dotarlos de plantilla, cuando no ha sido así.
