Ciudad Real se convertirá el próximo 22 de septiembre en el centro judicial de la región, como sede de la apertura del año judicial en Castilla-La Mancha. El acto lo presidirá en la Audiencia Provincial Vicente Rouco, presidente del Tribunal Superior de Justicia regional (TSJCLM), que con este gesto, que el año pasado se celebró en Toledo, pretende acercar el alto tribunal al resto de provincias castellano-manchegas.
Rouco, que ejerce la presidencia del Tribunal Superior desde 2004, asumió en enero del año pasado su tercer mandato y entre otras medidas para acercar más el órgano de gobierno de los jueces en Castilla-La Mancha optó por sacar esta ceremonia de Albacete, sede del TSJCLM.
El presidente del Tribunal Superior presentará también la memoria de los tribunales de justicia castellano-manchegos del año 2016.
Al acto se espera que acudan los cinco fiscales jefes provinciales y el fiscal superior y los presidentes de las cinco audiencias, además de jueces y magistrados de la comunidad autónoma y autoridades.
Los juzgados de Castilla-La Mancha, como los del resto de España, han asumido recientemente la semiespecialización en cláusulas suelo (hay un juzgado por provincia), una medida que ha suscitado muchos recelos puesto que apenas se ha dotado de refuerzos a estos órganos para asumir competencias con carácter provincial.
Los juzgados de violencia de género -sólo hay uno especializado en toda la región, en Albacete- siguen generando protestas por las condiciones en las que prestan el servicio y trabaja su personal, que se siente discriminado respecto a los funcionarios de otros órganos.
También en el último año han sido noticia los problemas que siguen generando las aplicaciones informáticas, el expediente digital y las medidas tendentes a reducir el papel de los juzgados, que a día de hoy no están completamente implantadas y provocan disfunciones en los diferentes órganos.
Los sindicatos también mantienen las espadas en alto con respecto a la situación de los registros civiles, que no terminan de reformarse, y la falta de juzgados en muchas comarcas de una región que no tiene transferida las competencias de Justicia.
