Patronal y sindicatos de la provincia seguirán trabajando para que la veintena de estaciones de servicio de la provincia sin trabajadores contraten a personal, por seguridad para los usuarios y para atender a las personas con discapacidad.
Se trata de una reivindicación regional en la que han hecho frente común UGT y CCOO, el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, Facua Castilla-La Mancha y la Federación regional de Empresarios de Estaciones de Servicio (Fecamaes), en la que han solicitado a la Consejería de Sanidad varias medidas, entre ellas que al menos haya un empleado.
David Vera, secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Ciudad Real, aseguró que la situación “es grave” por el peligro que supone para los usuarios que van a repostar “la manipulación del carburante sin controles”.
Por ello, pidió que se cumpla el Real Decreto, que regula el funcionamiento de estas estaciones, y que establece la necesidad de que haya un trabajador al frente de estos dispositivos para solventar situaciones “complicadas” como las que sufre el colectivo de discapacitados “que no pueden servirse”.
Igualmente, desde el punto de vista del empleo, Vera denunció la falta de puestos de trabajo en un modelo de empresa impulsado por emprendedores.
“No puede ser que el combustible sea más económico a costa de perder trabajo”, protestó, a la vez que denunció la rebaja de los costes de producción por la reducción de salarios para así obtener precios más competitivos.
“Esto es competencia desleal”, señaló el portavoz de CCOO, quien aseguró que “seguiremos luchando contra la concesión de gasolineras sin trabajadores.
Seguridad
Por su parte, Isabel Rodríguez Teruel, presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio, ha reiterado el perjuicio para el sector que representan este tipo de prácticas, y ha apelado a la seguridad como principal elemento para la disposición de empleos en estos negocios.
Recordó que la gasolina “es mucho más más inflamable que el gas”, por lo que “hay que tener un control de las garrafas que se venden”, para no repetir casos como el de los atentados de Barcelona y Cambrils, en el que los terroristas “tenían acumuladas un montón de bombonas de butano”.
“Una gasolinera jamás puede estar desatendida”, sentenció Rodríguez, “tanto por los potenciales peligros en la manipulación, como por la contaminación del suelo y del ambiente”.
Advirtió de que si la legislación es favorable a la desatención de las estaciones de servicio, “podríamos optar todos por esa opción, porque todo serían ganancias y los perjudicados serían los trabajadores”.
Por contra, Rodríguez Teruel valoró “la responsabilidad de la patronal con la seguridad” y su “compromiso con los trabajadores” a la hora “cumplir la legalidad y poder dar recibos de los repostajes y las compras de combustible”.
Respecto a la campaña conjunta entre sindicatos, empresarios, consumidores y colectivos de discapacitados para recabar las 500.000 firmas y poder iniciar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) a favor de las gasolineras atendidas y seguras, dijo que a nivel nacional llevan 350.000 firmas, unas 55.000 en Castilla-La Mancha.
En la región hay unas 730 estaciones de servicio, de las que unas 120 están desatendidas, mientras que en la provincia de Ciudad Real funcionan unas 170, con cerca de una veintena sin personal.
