La Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) se ha reunido esta semana con el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, para hacerle entrega de “una extensa documentación” y explicar así cuáles los motivos de la huelga.
Los examinadores iniciaron los paros este año en junio, prolongándose a todos los lunes, martes y miércoles del mes de julio y retomándolos, con la misma fórmula, en septiembre. El colectivo reclama un incremento salarial que, según aseguran, la DGT se comprometió a hacerlo efectivo en 2015.
La asociación asegura que el Defensor del Pueblo pedirá explicaciones a la DGT sobre este asunto y datos a Función Pública de todo lo que ha sucedido en estos dos años para no atender esta petición que, según recalca Asextra, supondría “muy poco coste a la Administración”.
En este punto, el colectivo dice que la oficina del Defensor del Pueblo tiene registradas 1.963 quejas de ciudadanos sobre este asunto que ha causado la suspensión de más de 89.000 exámenes prácticos, según cifras de la DGT.
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, había recibido el pasado mes de junio más de 1.700 quejas de ciudadanos, por lo que inició actuaciones y pidió a la DGT información sobre los avances en la negociación con los convocantes de la huelga.
Además, preguntó al organismo sobre las principales demandas planteadas por el colectivo y sobre los compromisos asumidos por la DGT hace dos años que, a juicio de los examinadores, no se habrían cumplido. Además, requirió información sobre las reuniones celebradas y sobre la posibilidad real de alcanzar un acuerdo.
Desde el año 2007
Los examinadores han puesto en antecedentes a Fernández Marugán de sus reivindicaciones. La situación tuvo su origen en 2007, año en que se subió el complemento específico y el nivel a varios puestos de la Administración y, en concreto, a algunos de la DGT, pero no precisamente al colectivo examinador, a los que se comunicó, según dice la entidad, que la subida en su caso sería posterior.
Tras solicitar formalmente en 2015 a la DGT que se atendiera a los puestos que quedaron excluidos dentro de esas mejoras, los examinadores decidieron ir a la huelga, que quedó desconvocada con “la firma de un compromiso de la DGT de que sería aprobado ese aumento”. La asociación ha entregado una copia de este documento al director del gabinete del Defensor del Pueblo.
Asimismo, Asextra ha explicado a la institución que Gregorio Serrano asumió que se debía atender esta subida cuando fue nombrado director de Tráfico en 2016 pero, tal y como incide la entidad, “cambió por completo de opinión y se negó a cualquier acuerdo”, motivando la huelga que se lleva desarrollando este año desde junio, cuyo objetivo es “forzar a que se materializara el compromiso adquirido”.
