El alcalde de Anchuras emprenderá acciones judiciales “al más mínimo indicio” de privatización de los montes de utilidad pública en su municipio

Afirma que “no lo vamos a consentir, vamos a poner todos los medios que están a nuestro alcance para que esa privatización no se lleve a cabo”

El alcalde de Anchuras, Santiago Martín, ha dejado claro que iniciará acciones judiciales “al más mínimo indicio” de movimiento por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha para descatalogar los montes como de utilidad pública, informó el PSOE en nota de prensa.

Martín ha realizado estas declaraciones en una comparecencia junto a la secretaria de Organización de la Ejecutiva del PSOE en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández, en la que han manifestado la “rotunda oposición” a que se privaticen este tipo de montes amparados bajo diferentes figuras de protección medioambiental, una amenaza que se cierne a toda la región, tal y como han denunciado los propios ingenieros de la Junta y la organización Ecologistas en Acción.

Pero es caso de Anchuras es especialmente “sangrante”, ya que afectaría a nueve montes públicos que comprenden más de 4.000 hectáreas, es decir, la totalidad de los montes que existen en la localidad y que le reportan innumerables beneficios desde el punto de vista social, económico y ecológico.

En este sentido, el alcalde de Anchuras ha detallado que vecinos y vecinas han podido beneficiarse de la recogida de níscalos y disfrutar de esos parajes naturales sin ningún problema hasta el presente año, justo en el momento en el que “dejó de ser coto social para transformarse en cotos privados a nombre de la Junta de Comunidades, lo que ha significado los primeros problemas a la hora de recoger los níscalos y que ya no se hayan abierto las cadenas con regularidad”, lo que para Santiago Martín es, sin lugar a dudas, el primer paso para la privatización del monte de utilidad pública.

Ante esas intenciones, el alcalde ha dicho alto y claro que “no lo vamos a consentir, vamos a poner todos los medios que están a nuestro alcance para que esa privatización no se lleve a cabo”, consciente de que si se culmina esa maniobra por parte del Ejecutivo que presiden Dolores de Cospedal las 4.000 hectáreas de montes públicos que están enclavadas en su pueblo serán valladas y, consecuentemente, “nos olvidaríamos de pasear, de recoger níscalos y de tener a los retenes contra incendios, que tendrían que abandonar esos terrenos al pasar a ser privados”.

Por lo tanto, Santiago Martín ha asegurado que existen muchas razones para oponerse a la venta de los montes públicos, por lo que además de emprender las acciones judiciales anunciadas en el caso de que se confirme la privatización de estos espacios, ha indicado que se está reforzando la acción con recogida de firmas, con mociones municipales para dejar clara la posición de los diferentes partidos políticos y la programación de rutas turísticas por dichos montes de utilidad pública para que los ciudadanos conozcan de primera mano la riqueza de estos espacios.

Una voz de alarma y de alerta del alcalde de Anchuras secundada por Blanca Fernández, quien ha evidenciado la sospecha de poner a la venta los montes de utilidad pública a la vista de que Cospedal y el Partido Popular se opusieron a blindarlos, de ahí que haya destacado que desde el PSOE “no vamos a cejar en el empeño de impedírselo defendiendo el patrimonio natural que es de todos y que ningún gobierno tiene el derecho a expoliarlo”.

Respecto a los paralelismos que el PP pretende realizar de la venta de montes de utilidad pública con la Finca Galiana propiedad de la Diputación de Ciudad Real, Fernández ha dicho que nada tiene que ver una cosa con la otra. “Comparar una finca agropecuaria con un monte de utilidad pública es lo mismo que comparar un huevo con una castaña”, al explicar que en el primero de los casos estamos ante un terreno agrario para sembrar, cultivar u otros usos, mientras que en el segundo hablamos de terrenos protegidos en los que incluso hay incluidos parques naturales, espacios de la red Natura 2000, zonas especiales de protección de las aves (ZEPA).

Por último, la dirigente socialista entiende que esa comparativa que realiza los ‘populares’ se hace con el ánimo de confundir a los ciudadanos, “y lo que es más grave, creer que son tontos”.