El Ayuntamiento de Ciudad Real esperará a una decisión en firme de la Fiscalía para estudiar una posible personación en el caso del sobrecoste de las obras de la Vereda de Moledores de la capital finalizadas a comienzos del 2009, en la etapa de Gobierno del PP,
Así se ha expresado, en rueda de prensa, el actual concejal de Urbanismo del equipo de Gobierno del PSOE, Alberto Lillo, quien ha recordado que, por ahora, la Fiscalía esta elaborando solo unas diligencias preprocesales.
Según se ha conocido, en estas diligencias preprocesales se habría detectado presuntos indicios de delitos en dos funcionarios municipales, ex jefes de servicio del Ayuntamiento, que dirigieron las obras, que habían tenido un sobrecoste de 100.000 euros.
Las obras de la Vereda de Moledores consistieron en la adaptación de la misma para su conversión en una paseo peatonal y la construcción de un carril-bici.
La denuncia fue presentada por otro funcionario municipal y a la misma se sumaron los grupos municipales del PSOE e IU, entonces en la oposición.
Lillo ha mostrado el máximo respeto a la labor llevada a cabo por la Fiscalía y ha recordado que no se veía claro que las mediciones que se certificaban al final de la obra se correspondieran con la obra realizada y con lo expresado en los proyectos.
El concejal de Urbanismo considera que se deben de aclarar la totalidad de los actos y sus consecuencias y ha apostado por que “tanto los técnicos como los políticos deben ser escrupulosos con la gestión de los recursos municipales”.
Lillo ha abogado por que todos los actos municipales se hagan con criterios de responsabilidad y transparencia tanto técnica y política. “No puede haber actos independientes”, ha afirmado.
El concejal también ha entendido que, por esta cuestión, “deben pedirse responsabilidades políticas”, dado que “sería muy peligroso que los políticos no se enteren de lo que hacen los técnicos y que los técnicos hagan las cosas sin que los políticos se enteren”. “La responsabilidad es compartida”, ha sentenciado.
