Toledo, 22 feb (EFE).- El exalcalde de Toledo entre 1999 y 2007, José Manuel Molina (PP), ha dicho tras declarar este miércoles en Toledo como investigado por la adjudicación del servicio de basuras que no ha cobrado una comisión en su vida y se ha reiterado en la declaración que hizo al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en 2014
Esta mañana han declarado en los Jugados de Toledo, por un presunto delito de prevaricación cometido al modificar el contrato que adjudicó el servicio de recogida de basuras a Sufi en 2007, Molina, el que fuera concejal de Hacienda en su equipo de gobierno, Lamberto García Pineda, y el edil de Participación y Atención Ciudadana en aquel mandato, Fernando Sanz Domínguez.
Los tres investigados han llegado por separado a los Juzgados: Sanz Domínguez a las 9:30 de la mañana; García Pineda a las 10:20, y Molina poco antes de las 10:30 horas.
A su salida del Juzgado tras declarar, a las 12:45 horas, Molina ha dicho a los periodistas que espera que haya “una resolución con carácter inmediato” y ha afirmado que se ha reiterado en lo que ya le dijo al juez Ruz en la Audiencia Nacional, en noviembre de 2014.
“Como dije en la otra ocasión, yo no tengo nada que ocultar, no he cobrado una comisión en mi vida y, por tanto, mi mayor patrimonio es mi patrimonio personal”, ha asegurado el también expresidente del PP de Castilla-La Mancha entre 1986 y 1999.
Las declaraciones de los tres investigados han sido a puerta cerrada por tratarse de diligencias de investigación dentro del procedimiento abierto, han señalado a Efe fuentes judiciales.
José Manuel Molina fue alcalde de Toledo desde 1987 hasta 1991 y desde 1999 a 2007, además de presidente del PP de Castilla-La Mancha, y Lamberto García Pineda fue, además de concejal en Toledo, tesorero del PP en Castilla-La Mancha.
Asimismo, también declararán como investigados la próxima semana, el 1 de marzo, el resto de miembros de la Junta del Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo que el 23 de mayo de 2007 modificaron al alza el contrato de recogidas de basuras a la empresa Sufi.
El juzgado de Instrucción número 3 de Toledo investiga esta causa después de que el juez Ruz decidiese, en marzo de 2015, enviar a un juzgado de la ciudad esta parte del caso Bárcenas tras concluir que la investigación abierta por la concesión del contrato de basuras podría ser constitutiva de un delito de prevaricación administrativa.
Ruz argumentó que debía inhibirse a favor del juzgado decano de Toledo por falta suficiente de conexión con el resto del caso, ya que el propio relato del extesorero del PP Luis Bárcenas desvincula las supuestas aportaciones económicas de Sufi, filial de Sacyr, de la mecánica de funcionamiento de la caja B del PP.
Bárcenas declaró que la adjudicación del contrato de basura respondió a una donación de 200.000 euros de esa empresa para la campaña electoral autonómica de la expresidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
Por su parte, la Fiscalía de Toledo ha pedido al juzgado que instruye este caso que proceda al sobreseimiento provisional de la causa y al archivo de las actuaciones, por considerar que en los hechos investigados no “se verifican los requisitos que de forma acumulativa deben darse para constituir el tipo de prevaricación”.
