El PP se ratifica en incumplir la cláusula de un contrato firmado por su partido en 2007

Mercedes Camacho Ciudad Real
Contrato Aquona

Contrato Aquona

En la carta enviada por la empresa Aquona para justificar su petición de adecuar las tarifas al IPC se puede comprobar que hace referencia tanto al contrato firmado en 1994 por el PSOE como el último de 2007 del PP

El PP ha reiterado este martes que votó en contra de cumplir un contrato que su propio partido firmó en 2007 -ampliando uno que ya había sido firmado en 1994 por el PSOE como demuestra el propio escrito de Aquona que acompaña esta información- y lo volvería a hacer para que el próximo año los ciudadrealeños no tengan que pagar un 1,6% por esa tasa aunque eso implique una demanda por parte de la concesionaria por el incumplimiento de un contrato legal vigente.

Según la improvisada rueda de prensa que ha ofrecido el concejal del PP Pedro Martín, la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, “miente” cuando achaca a Rosa Romero un contrato que recoge la subida de las tasas para adecuarlas al IPC ya que, ha indicado, la petición de la empresa se basa en un contrato de 1994 “y desde entonces sólo se hizo el contrato de saneamiento en 2007 cuando gobernaba Francisco Gil-Ortega -alcalde del PP- “y desde entonces no se ha firmado ningún contrato del agua”.

En este sentido, ha aclarado que el documento en el que aparece la firma de Rosa Romero es el convenio entre los ayuntamientos de Ciudad Real, Miguelturra y Poblete en el que llegaban a un acuerdo sobre cómo repartirse los gastos de la ampliación de la estación depuradora entre los tres municipios.

Además, Martín ha señalado que “seguiremos votando en contra de esa subida de tasas porque se produce de una manera extemporánea ya que la empresa registró su escrito el 14 de septiembre mientras que el Pleno de ordenanzas fiscales tuvo lugar en octubre y no se llevó. Y a ello hay que sumar que hablan de una subida del 1,6% mientras que hay dos informes municipales que no mostró la señora Zamora, que hablan de una subida del 0,6%”.

Finalmente, Pedro Martín se ha preguntado si la propuesta de presupuestos que presentaron incluía las modificaciones de esa tarifa, a lo que el concejal de Economía, Nicolás Clavero, le ha respondido en una rueda de prensa posterior que esas tasas no están incluidas en el presupuestos como ingresos ni como gastos porque cuando el PP firmó el contrato en 2007, y cobró por ello un canon que “se gastaron”, establecieron una cláusula que determina que el saneamiento y sus subidas se financiarán con las tasas que los usuarios paguen directamente a la empresa.

Clavero, que ha dicho que la empresa Aquona aún no ha presentado ningún nuevo escrito en el Ayuntamiento tras rechazarse su petición de adaptar la tasa al IPC, ha vuelto a tachar de “irresponsabilidad” la actitud del PP porque la subida de tasa no responde a una decisión política sino al cumplimiento del contrato.

“Se trata de un problema jurídico porque el expediente que hizo el PP en 2007 para conceder el saneamiento del agua establecía que la retribución de la empresa sería con la tarifa del usuario. También se adjudicó en ese momento el mantenimiento del alcantarillado, de forma que el Ayuntamiento dejó de abonar la cuota que hasta entonces pagaba para pasar a repercutirlo en el recibo del usuario” ha indicado el concejal de Hacienda.

En este mismo sentido, ha insistido en que el pliego de condiciones dice que el IPC se repercutirá en la tasa al usuario, de forma que no puede abonar la diferencia el Ayuntamiento como lo hace, por ejemplo, con la tasa del autobús.

Competencia del Pleno sobre el contrato

En otro orden de cosas, el concejal del PP pedro Martín se ha mostrado tajante al aseverar que “ningún contrato puede obligar al Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real, que es el competente, a aprobar unas tarifas porque se mermaría su autonomía”.

Sin embargo, Nicolás Clavero ha recordado que no se puede modificar el contrato, de forma que ahora la empresa tendrá que hacer una reclamación “y los servicios jurídicos del Ayuntamiento buscar la mejor solución. Pero, insisto, es una irresponsabilidad que se opongan al contrato que ellos firmaron ya que supone incumplir el principio de garantía jurídica”